Ya ha pasado la época en la que el diálogo social y la negociación colectiva se consideraban viejas prácticas incompatibles con la competitividad y el crecimiento económico (véase IR Notes 157 y Collective bargaining). Desde la «Comisión Juncker», y aún más con la «Comisión von der Leyen», "la negociación colectiva ya no se plantea como un problema, sino como una solución", destaca Torsten Müller, investigador del Instituto Sindical Europeo. Y así se menciona en varias iniciativas recientes de la Comisión: en primer lugar, la propuesta de directiva sobre el salario mínimo (véase IR Notes 151) que insta a los Estados miembros a alcanzar una tasa del 80 % de trabajadores cubiertos por convenios colectivos (respecto a una media europea del 56 % en 2018). En este texto, el fomento de la negociación colectiva de los salarios se considera una palanca para incrementar el nivel de los salarios mínimos en Europa. El recurso a la negociación colectiva es también una de las soluciones que preconiza la propuesta de directiva para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas (véase IR Notes 176). También se incluye en las directrices sobre la aplicación de la legislación europea de competencia a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos. El objetivo es permitirles negociar acuerdos colectivos sin que dichos acuerdos se consideren «cárteles» que socavan la ley de competencia (Véase la Collective bargaining and competition law). Otro ejemplo es la comunicación titulada «Mejores condiciones laborales para una Europa social más fuerte: sacar el máximo partido de la digitalización para el futuro del trabajo» en la que la Comisión anuncia que «apoyará el diálogo social en el sector laboral a través de una plataforma con actividades de desarrollo de capacidades para que los interlocutores sociales participen en el diálogo social sobre la gestión algorítmica».
Sin embargo, esta promoción multidimensional de la negociación colectiva y del diálogo social tropieza con un gran obstáculo: el diálogo social es débil o incluso inexistente en algunos países y/o sectores, y sus actores (en particular las organizaciones sindicales) sufren un declive generalizado desde hace varias décadas, que se ha acentuado con la crisis de Covid-19.
De ahí la nueva iniciativa de la Comisión que presentará, a priori el 28 de septiembre, un «paquete» para reforzar el diálogo social. Incluirá:
1/ una comunicación sobre el papel del diálogo social en la UE, que debería aclarar, en particular, la cuestión de la transformación de los acuerdos celebrados por los interlocutores sociales europeos en directivas para poner fin a las controversias suscitadas por el caso EPSU (véase EPSU case e IR Notes 169). Debería subrayar que es esencial una fuerte participación de los interlocutores sociales para garantizar «transiciones justas hacia una economía digital y climáticamente neutra, y también para dar forma al futuro del trabajo». También contendrá propuestas para modernizar el diálogo social a nivel de la UE, incluida la sugerencia del informe de Andrea Nahles de nombrar un responsable del diálogo social en cada Dirección General de la Comisión para que los interlocutores sociales europeos participen más en el desarrollo de las políticas de la UE, incluso en las que no conciernen directamente a cuestiones sociales (véase IR Notes 157).
2/ Una recomendación a los Estados miembros para que refuercen el diálogo social a nivel nacional. En varios países, «los interlocutores sociales carecen de capacidad. Esto dificulta su participación en las reformas y en el desarrollo de las políticas pertinentes, así como su capacidad para firmar convenios colectivos», señala la Comisión. «Esta situación afecta al equilibrio de intereses de los interlocutores sociales y dificulta la búsqueda de soluciones adecuadas y la negociación de la evolución salarial». La recomendación debería centrarse en tres ámbitos: 1/ la consulta a los interlocutores sociales sobre el diseño y la aplicación de las políticas económicas, de empleo y sociales; 2/ animar a los interlocutores sociales a negociar y celebrar convenios colectivos en los ámbitos que les conciernen, respetando su autonomía y el derecho a la acción colectiva; 3/ apoyar el desarrollo de las capacidades de los interlocutores sociales.

• Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles : los Estados miembros tenían hasta el 1 de agosto para transponer a su legislación la Directiva 2019/1152, de 20 de junio de 2019, sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles en la Unión Europea (véase el comunicado de la Comisión e IR Notes 122). La Comisión recuerda que los Estados miembros pueden utilizar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para adoptar iniciativas de aplicación de las nuevas normas (véase el comunicado).

Un inicio de curso social cargado : se espera que el Parlamento apruebe en septiembre la primera legislación europea sobre salarios mínimos adecuados (véase ficha de información y comunicado del Parlamento). El debate sobre el texto está previsto para la sesión plenaria del 13 de septiembre. Se espera que la votación tenga lugar en una de las sesiones siguientes. El texto obliga a los países de la UE a garantizar que su salario mínimo legal nacional permita un nivel de vida digno. El texto debe promover el crecimiento de los salarios reales y ayudar a reducir la pobreza laboral y la brecha salarial entre hombres y mujeres (véase IR Notes 151). La Directiva sobre el equilibrio entre hombres-mujeres entre los administradores no ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa, sobre la que el Consejo y el Parlamento ya han llegado a un acuerdo, debe adoptarse formalmente en el pleno. Una vez en vigor, introducirá procedimientos transparentes de contratación en las empresas, de modo que al menos el 40 % de los puestos de consejero no ejecutivo o el 33 % de todos los puestos de consejero estén ocupados por el sexo menos representado (v. comunicado del Parlemento e IR Notes 188). Los eurodiputados iniciarán asimismo negociaciones con el Consejo sobre la directiva relativa a la transparencia de los empleados (v. IR Notes 159), que obligará a las empresas a revelar los salarios de hombres y mujeres en el mismo puesto y función, lo que facilitará la comparación de salarios y pondrá de manifiesto las diferencias salariales entre hombres y mujeres (véase el comunicado del Parlamento). La Presidencia checa de la UE se ha fijado como objetivo llegar a un acuerdo sobre el texto antes de finales de año. A continuación, el Consejo y el Parlamento deberían adoptarlo formalmente en el primer semestre de 2023. El Parlamento también votará nuevas normas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA). Esta legislación debe establecer normas claras que reflejen los valores de la UE y garanticen la protección de los derechos fundamentales. Uno de los retos será también convertirlo en un tema de diálogo social. Respecto a la cuestión de las condiciones laborales en las plataformas digitales, la Presidencia checa aspira a que el Consejo adopte un mandato de negociación antes de finales de año, de modo que puedan iniciarse entonces las negociaciones con el Parlamento. Por otro lado, se espera que la Comisión Europea desvele el 13 de septiembre su propuesta de prohibición de los productos resultantes del trabajo forzado y el 28 de septiembre una propuesta de recomendación sobre la renta mínima y una propuesta de directiva sobre la protección de los trabajadores expuestos al amianto. Por último, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo aprobará el informe de Dennis Radtke (PPE) sobre la revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos, lo cual permite augurar una adopción del informe en el pleno de aquí a finales de año.

El papel del empresario en casos de acoso : el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado en un caso rumano sobre un caso de acoso sexual sufrido por una limpiadora a manos de un jefe de estación de la compañía nacional de ferrocarriles. Aunque el punto principal era el fracaso del Estado y el poder judicial rumanos, la sentencia señala, no obstante, los fallos del empresario, que por sí solos constituirían una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el respeto de la vida privada y familiar. Así, el TEDH observó que, a pesar de la existencia de una política interna que prohibía cualquier comportamiento contrario a la dignidad personal y animaba a denunciar cualquier acoso por parte de la dirección, el responsable de seguridad de los pasajeros, que había sido informado de la situación y había escuchado a las partes implicadas, se negó a examinar el caso y aconsejó a la víctima que acudiera a la policía si lo consideraba necesario. Además, sometió a la víctima a un enfrentamiento en su despacho con el director de la estación sin previo aviso. Además, no hay indicios de que haya remitido a la demandante a otra persona de la empresa que pudiera haberla ayudado a resolver el problema ni de que él mismo haya llamado la atención de la persona competente de la empresa ferroviaria. El Tribunal señala que no se llevó a cabo ninguna investigación interna. En este contexto, el Tribunal considera que no se establecieron mecanismos a nivel del empleador para tratar la cuestión del acoso sexual en el lugar de trabajo (véase el decisión).

• Servicios sociales : los interlocutores sociales europeos del sector de los servicios sociales (Empresarios Sociales y FSESP) han puesto en marcha un nuevo proyecto europeo (FORTE) para poner de manifiesto las necesidades de cualificación y formación del sector de los servicios sociales. El proyecto también abordará la necesidad de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables en el sector, con el fin de atraer y retener a los trabajadores (véase comunicado de EPSU y la página específica del proyecto en la página web de Social Employers).

Poder adquisitivo : se han publicado la ley de medidas de emergencia para proteger el poder adquisitivo y la ley de financiación rectificativa para 2022. Para combatir el efecto de la inflación, una «prima de participación en el valor» permite pagar a los trabajadores hasta 3.000 euros al año (o incluso 6.000 euros en las empresas que ya han establecido acuerdos de participación financiera). Está exenta de cotizaciones a la seguridad social y del impuesto sobre la renta para los trabajadores que hayan cobrado menos de 60.442,20 euros en los 12 meses anteriores a su pago. Todos los trabajadores, con el acuerdo del empresario, también pueden convertir en salario jornadas completas o medias jornadas de reducción del tiempo de trabajo (RTT) adquiridas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025.

La reforma del mercado laboral : Algunas medidas clave del acuerdo sobre la reforma del mercado laboral: en caso de impugnación del despido, el trabajador abandona la empresa directamente al final de su periodo de preaviso y es indemnizado por el seguro de desempleo con el 80 % de su salario. En cuanto a los criterios para el despido colectivo, el empresario puede desviarse del principio «el último en entrar, el primero en salir». Un trabajador con contrato de duración determinada obtiene un contrato indefinido tras 12 meses de trabajo para el mismo empresario (en lugar de los 24 meses actuales) durante un periodo de cinco años. Los trabajadores, bajo ciertas condiciones de antigüedad en el mercado laboral, pueden realizar hasta 44 semanas de formación indemnizadas al 80 % del salario hasta un máximo de unos 6.500 euros al mes.
> Para saber más: comunicado de prensa, análisis del acuerdo remitido por la organización patronal Svenskt Näringsliv y análisis del sindicato Unionen.

• Salud mental : el pasado 11 de agosto, el Gobierno escocés puso en marcha una plataforma online gratuita que ofrece a los empresarios formas prácticas de fomentar la salud mental en el lugar de trabajo. Ofrece formación, asesoramiento, un recordatorio de los requisitos legales y contactos con terceros especializados. El gobierno legitima esta acción refiriéndose a una investigación reciente que demuestra que la mala salud mental cuesta a los empresarios escoceses más de 2.000 millones de libras al año y que por cada libra que se gasta en intervenciones de salud mental, los empresarios recuperan 5 libras en reducción de días de enfermedad y aumento de la productividad. (Véase comunicado).

Legislación laboral ultraliberal : a pesar del llamamiento de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 17 de agosto el presidente Zelenskyy firmó la Ley 5371, que excluye a los empleados de las empresas de menos de 250 trabajadores de la legislación laboral y la negociación colectiva. En consecuencia, las condiciones de empleo del 70 % de la mano de obra ucraniana quedarán únicamente determinadas por el contrato de trabajo individual. Esta ley «provocará un daño irreparable a las relaciones sociales en el país», destacan los secretarios generales de la CES (Luca Visentini) y la CSI (Sharan Burrow), en una carta conjunta a los dirigentes de la UE publicada el 24 de agosto (v, también la carta conjunta del 14 de julio). «Esta ley», denuncian las dos confederaciones, «es un paso más en el continuo ataque a los sindicatos de Ucrania, motivado por los oligarcas que están detrás del partido en el poder y otros que no se preocupan por los intereses del pueblo». Los dos líderes sindicales piden a la UE que no permanezca «callada ante estas acciones» y que «condene de forma clara e inequívoca (...) estos actos reiterados que son hostiles a los valores y principios de la UE».

Revisión : el grupo Deutsche Post DHL, y las federaciones sindicales mundiales ITF y UNI Global Union revisaron, el pasado 25 de julio en Berlín, el protocolo conjunto firmado bajo los auspicios del Punto de Contacto Nacional alemán para la OCDE en 2016 y modificado en 2019. En el marco del nuevo texto, DPDHL, ITF y UNI han elaborado por primera vez un plan de trabajo conjunto en torno a siete temas: el trabajo infantil, la diversidad y la inclusión, las condiciones de trabajo, la privacidad de los datos, el trabajo forzoso, la libertad de asociación y la negociación colectiva, y el medio ambiente (véase la declaración conjunta y la declaración de UNI Global Union).

Derechos fundamentales : con motivo del X aniversario del Acuerdo Marco Internacional (AMI) de Siemens, los días 26 y 27 de julio se celebró una reunión de representantes de los trabajadores de Europa, Asia y América. Entre los avances que quedan por hacer, Kan Matsuzaki, secretario general adjunto de IndustriAll Global Union, señaló que la dirección local suele desconocer la existencia y el contenido del acuerdo marco, uno de los puntos débiles conocidos de este tipo de acuerdos. Además, pidió la negociación de un acuerdo marco global para Siemens Energy, una división de Siemens ahora independiente y cotizada en bolsa, con el fin de mantener las normas que se han logrado en Siemens (véase el comunicado).

¿Cuál es el marco para el teletrabajo en la UE? : Mientras los servicios de la Comisión Europea trabajan en una posible iniciativa sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) acaba de publicar un estudio, con el apoyo de su red de corresponsales nacionales (de la que IR Share es miembro), sobre el marco del teletrabajo en la UE y sus recientes evoluciones (véase el estudio y su resumen). El estudio subraya la diversidad de las normativas existentes, la importancia del papel del diálogo social, y en particular de la negociación empresarial, en la regulación del teletrabajo. Afirma que «se necesitan normas compartidas para proteger a los teletrabajadores en toda la UE», incluido el derecho a la desconexión, y pide un mínimo de armonización del marco normativo. El estudio insta a los responsables políticos a «facilitar el teletrabajo transfronterizo», ya que está «en plena consonancia con las políticas de la UE para promover la movilidad transfronteriza en el mercado único europeo».

• Gestión algorítmica : en un informe político, el Instituto Sindical Europeo (ETUI) revisa las disposiciones de la propuesta de directiva sobre las condiciones de trabajo en las plataformas relacionadas con la gestión algorítmica y señala la insuficiencia de las medidas presentadas por la Comisión, al tiempo que propone áreas de mejora.