IR Notes 169 – 8 de septiembre 2021
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  Preguntamos a...
Philippe Luppo, secretario (CFDT) del comité de empresa europeo de Eiffage

Los pasados días 6 y 7 de septiembre su comité de empresa europeo organizó un curso de formación sobre la subcontratación en el grupo Eiffage con el apoyo del Instituto Sindical Europeo (Etui). ¿Por qué quiere movilizar al comité de empresa europeo sobre la cuestión de la subcontratación?
Se trata de responder a las expectativas de los representantes de los trabajadores, que en casi todos los casos ya han iniciado este debate dentro de sus entidades. También tenemos que tratar este tema a nivel de grupo para medir las consecuencias y tener una visión global dentro del grupo Eiffage. El objetivo de la formación era aprovechar la experiencia de Etui y permitir a todos los representantes abordar mejor las cuestiones relacionadas con la subcontratación, a veces complejas, a nivel jurídico, pero también por la diversidad de prácticas que se dan en los distintos países y en las diferentes actividades del grupo.
En nuestra opinión, el comité de empresa europeo es un vehículo para abordar el tema de la subcontratación en consulta con la dirección del grupo, habida cuenta de que está en contacto directo con ella. Así, el diálogo iniciado a nivel europeo podrá retomarse a nivel nacional o local de una forma más tranquila y constructiva. De esta manera, la movilización del comité de empresa europeo sobre esta cuestión puede crear una dinámica de diálogo social.
Abordar la cuestión de la subcontratación en el ámbito del comité de empresa europeo ayuda a evitar conflictos, sobre todo en entidades del sector "obras". El diálogo social sobre esta cuestión tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de Eiffage y de los que trabajadores de empresas subcontratistas.

 
  Agenda

 


Del 20 al 23 de septiembre
En línea

22º Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) sobre el tema “La prevención en la era de la conectividad - Soluciones globales para unas condiciones de trabajo seguras y saludables para todos" (véase el programa).


4 y 5 de octubre
En línea

Conferencia del Comité Económico y Social Europeo titulada “La innovación social para la inclusión de los refugiados: hacer brotar la innovación en las grietas de la crisis”


7 y 8 de octubre
Kranj (Eslovenia)
Conferencia de alto nivel de la presidencia eslovena de la UE sobre el tema “un trabajo de calidad para una vida de calidad”


15 de octubre
Luxemburgo
Consejo de Empleo y Política Social


20 de octubre
Bruselas
Cumbre social tripartita


28-29 de octubre
Bruselas

Conferencia del Instituto Sindical Europeo sobre el derecho del trabajo y la transición digital.


6 de diciembre
Bruselas
Consejo de Empleo y Política Social

 
  Diccionario europeo de las relaciones sociales

Si desea profundizar en la lectura de IR Notes, ponemos a su disposición enlaces al Diccionario Europeo de las Relaciones Sociales publicado por Eurofound y actualizado con regularidad por IR Share, editor de IR Notes. Las definiciones de los términos están disponibles en inglés y se pueden convertir rápidamente por medio herramientas de traducción en línea.

 
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Es noticia
Los agentes sociales y la Comisión obligados a enterrar el hacha de guerra

Como era previsible, el Tribunal de Justicia ha seguido las conclusiones de su Abogado General emitidas el pasado mes de enero (véase TJUE, concl., 20 de enero de 2020, asunto C 928/19 y IR Notes 156) en el asunto que enfrentaba a la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) con la Comisión Europea. La federación criticó a la Comisión por negarse a transmitir al Consejo una propuesta de decisión para transformar en directiva un acuerdo celebrado por los agentes sociales europeos, con el fin de que su contenido sea aplicable en todos los Estados miembros. El Tribunal de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal de la UE que la FSESP había impugnado. Según los jueces, cuando la Comisión “recibe de los interlocutores sociales afectados una petición de aplicación a nivel de la Unión de dicho acuerdo", no solamente debe examinar "la representatividad de las partes firmantes de dicho acuerdo y la legalidad de sus cláusulas", sino que está facultada además para “apreciar también la oportunidad, teniendo en cuenta, en particular, consideraciones de orden político, económico y social, de la eventual aplicación del acuerdo a nivel de la Unión” (véase TJUE, 2 de septiembre de 2021, C-928/19, EPSU y el comunicado del Tribunal). En otras palabras, cuando los agentes sociales suscriben un acuerdo, la Comisión no se limita a un control puramente jurídico, sino que tiene un poder de apreciación más amplio basado en el hecho de que solamente ella tiene el poder de iniciativa a nivel de la UE para presentar o no un acuerdo al Consejo. El movimiento sindical europeo ha expresado obviamente su decepción. “Se trata de una decisión muy perjudicial", declaró el mismo día Jan Willem Goudriaan, secretario general de la FSESP, que inició el conflicto. Ahora le corresponde a la Comisión reparar el daño que ha causado, restablecer la confianza y trabajar con los interlocutores sociales en un tratamiento transparente de los acuerdos sectoriales e intersectoriales de los interlocutores sociales de la UE (véase el comunicado). “Los sindicatos están escandalizados al ver que el TJUE desprecia el diálogo social cuando ha demostrado su valor en la gestión de la crisis del Covid 19", denunció Luc Triangle, Secretario General de IndustriAll Europe (véase el comunicado). Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos ha anunciado que desea "una reunión urgente con la Comisión para poner en marcha un proceso claro y seguro que garantice que los acuerdos de los interlocutores sociales" puedan incorporarse a la legislación europea, tal y como establecen los tratados de la UE. Para Esther Lynch, Secretaria General Adjunta de la CES, esta "sentencia refuerza la opinión generalizada de que el Tribunal de Justicia tiene dificultades para entender las relaciones sociales y debería contar con una sala laboral especializada compuesta por jueces con experiencia relevante" (véase el comunicado).
Por su parte, la Comisión no puede sino estar satisfecha con este resultado. Un portavoz de la Comisión explica que “el Tribunal aclaró que la Comisión conserva su derecho de iniciativa cuando los agentes sociales solicitan la aplicación de su acuerdo a nivel europeo mediante una decisión del Consejo. Y añade para IR Notes, "el Tribunal dejó claro que una interpretación diferente del artículo 155 tendría como consecuencia que el interés de los agentes sociales en firmar un acuerdo por sí solo prevalecería sobre la tarea de la Comisión de promover el interés general de la Unión Europea". En esta fase, la Comisión "no puede ofrecer un análisis detallado de sus efectos". En el marco del Plan de Acción Europeo de Derechos Sociales, adoptado el 4 de marzo (véase IR Notes 159), la Comisión prometió una iniciativa para 2022 de apoyo al diálogo social europeo y nacional. El pasado mes de mayo lanzó una consulta informal destinada a los agentes sociales europeos. Por lo tanto, en los próximos meses se tratará de reanudar el diálogo y revisar el papel de los agentes sociales europeos a nivel sectorial y los medios que deben movilizarse a nivel de la UE para apoyar su diálogo.


1. Unión Europea
Actualidad social

Democracia social : La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha tomado nota de las 208 enmiendas al proyecto de informe presentado por la eurodiputada Gabrielle Bischof (S&D) titulado "Democracia en el trabajo: un marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos". El jueves 9 de septiembre habrá un primer examen de las enmiendas, con la voluntad por parte de la ponente de alcanzar un amplio consenso sobre este texto. Entre las enmiendas que más se debatirán destacan las que pretenden suprimir del informe las disposiciones que pretenden proteger mejor a los trabajadores que se benefician de sistemas de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa (cogestión) cuando su empresa se transforma en una sociedad europea o en caso de fusiones transfronterizas. El informe podría aprobarse a finales de octubre en comisión para que pueda aprobarse en el pleno del mes de noviembre. Es interesante leer las enmiendas propuestas por Denis Radtke (PPE), que va a empezar a redactar otro informe dedicado específicamente a la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. Sus enmiendas se incluirán inevitablemente en este próximo informe. Por ejemplo, pide que la opinión del comité de empresa europeo "se tenga en cuenta en las decisiones de la empresa” y que se aplique antes de que finalice la consulta al nivel correspondiente. También es necesario "garantizar el acceso a la justicia de las comisiones negociadoras y de los comités de empresa europeos", "introducir sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas", "incluir las empresas mixtas, los sistemas de franquicia y la gestión de contratos en el ámbito de aplicación de la directiva", así como "garantizar que la ubicación del ‘representante’ y de la ‘dirección central’ se base en criterios objetivos" (véase la enmienda 203).


Jurisprudencia

Despido por discapacidad : El Tribunal de Justicia dictó sentencia el pasado 15 de julio sobre un funcionario de prisiones con una discapacidad auditiva en el oído derecho desde su nacimiento. Trabajó como vigilante en una prisión de Estonia durante casi 15 años antes de que la dirección decidiera despedirlo porque su audición no cumplía los umbrales mínimos de percepción del sonido establecidos por una normativa sobre requisitos sanitarios y de control para los funcionarios de prisiones que entró en vigor en 2013. Tras constatar que esta normativa “introduce una diferencia de trato directamente basada en la discapacidad” (véase Disability), el Tribunal considera que la “preocupación por garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento” de los servicios penitenciarios constituye, por tanto, “una finalidad legítima” que puede justificar la discriminación. Por otra parte, “el hecho de que su audición deba alcanzar un umbral mínimo de percepción sonora determinado por la normativa nacional puede considerarse un “requisito profesional genuino y determinante” en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78, de 27 de noviembre de 2000, para el ejercicio de la profesión de los funcionarios de prisiones. Sin embargo, el Tribunal de Justicia señala que las pruebas de audición se realizan sin el uso de audífonos, mientras que los requisitos de agudeza visual permiten tener en cuenta el uso de gafas o lentes de contacto. También señaló que el reglamento se aplica de forma general a todos los supervisores “sin posibilidad de excepción, independientemente del establecimiento al que estén destinados o del puesto que ocupen”. Por último, recordó que la Directiva impone a las empresas la obligación de realizar “ajustes razonables” para que una persona discapacitada pueda acceder a un puesto de trabajo, desempeñarlo o progresar en él. Para el Tribunal de Justicia, la normativa de la UE se opone al reglamento impugnado, que prevé “imposibilidad absoluta de mantener en sus funciones a un funcionario de prisiones cuya agudeza auditiva no cumple los umbrales mínimos de percepción acústica establecidos en esa normativa, y que no permite comprobar si el mencionado funcionario puede desempeñar tales funciones, en caso necesario tras realizarse los ajustes razonables" (TJUE, 15 de julio de 2021, asunto C-795/19, Tartu Vangla).



  • Remuneración del tiempo de guardia: En una sentencia sobre la aplicación de la Directiva 2003/88, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo del personal militar, el Tribunal de Justicia explica de manera pedagógica la desconexión entre la consideración de determinados períodos del tiempo de guardia como tiempo de trabajo efectivo (véase On-call working), por razones de salud y seguridad, y la remuneración del tiempo de trabajo efectivo, que puede diferir de la remuneración de las horas efectivamente trabajadas. Tal como declaró recientemente en la sentencia de 9 de marzo de 2021 (asunto C-344/1, Radiotelevizija Slovenija), el Tribunal recuerda que “el modo de retribución de los trabajadores por los períodos de guardia que efectúan no se rige por la Directiva 2003/88, sino por las disposiciones pertinentes del Derecho nacional. En consecuencia, dicha Directiva no se opone a la aplicación de una normativa de un Estado miembro, de un convenio colectivo o de una decisión de un empresario que, a efectos de la retribución de un servicio de guardia, trate de forma distinta los períodos durante los cuales se efectúan realmente prestaciones de trabajo y aquellos durante los cuales no se lleva a cabo ningún trabajo efectivo, aun cuando dichos períodos deban considerarse, en su totalidad, «tiempo de trabajo» a efectos de la aplicación de dicha Directiva”. Así, un periodo de guardia durante el cual “un militar tiene obligación de permanecer en el cuartel al que está destinado pero no lleva a cabo en él una actividad laboral efectiva” puede retribuirse “de forma distinta que un período de guardia durante el cual realiza prestaciones laborales efectivas”. Esto tiene aplicación para todos los trabajadores (TJUE, 15 de julio de 2021, asunto C-742/19, B.K.).


2. Estados Miembros
Francia

  • Competencias medioambientales de los comités de empresa : La Ley 2021-1104, de 22 de agosto de 2021, relativa a la lucha contra el cambio climático y al refuerzo de la resiliencia a sus efectos ha ampliado las competencias del comité social y económico (CSE es la nueva denominación dada al comité de empresa) para abarcar las cuestiones medioambientales. El CSE debe tener en cuenta las consecuencias medioambientales de las decisiones de la empresa, que deberá informar y consultar al CSE sobre las consecuencias medioambientales de sus planes relacionados con la organización, la gestión y el funcionamiento general de la empresa, como en el caso de reestructuraciones. Las empresas también deberán informar al CES sobre las consecuencias medioambientales de sus actividades. El experto que asista a la CES en cuestiones económicas, sociales y financieras verá su cometido ampliado para incluir cuestiones medioambientales.

Italia

  • Suspensión de los trabajadores no vacunados : Varios jueces han aceptado la posibilidad de suspender a un empleado no vacunado sin pagarle el sueldo. Hay que recordar que en Italia la obligación de vacunación está en vigor únicamente para el personal sanitario. En estos casos, las empresas suspendieron a los trabajadores que no tenían el “pase sanitario”, no como sanción, sino porque su estado de salud (falta de vacunación certificada por el médico del trabajo) era incompatible con las funciones asignadas (contacto con los clientes, espacio limitado, etc.). Estas decisiones se han adoptado sobre la base de la obligación de seguridad de las empresas y se refieren, en particular, a la introducción por la legislación europea del Covid-19 en la lista de agentes biológicos contra los que las empresas están obligadas a proteger a sus trabajadores. En cuanto a la generalización de la obligación de vacunación en las empresas, a la que los empresarios no parecen oponerse, los sindicatos temen que se convierta en un pretexto para despedir o para discriminar a los trabajadores.

Luxemburgo

  • Sector financiero :


    El Consejo de Gobierno dio su visto bueno el pasado 1 de septiembre a la declaración de obligación general del convenio colectivo de los empleados de banca 2021-2023 (véase el comunicado), que fue renovado por acuerdo el 11 de junio por todos los agentes sociales (véase el comunicado de LCGB y de la patronal ABBL). Entre otras cosas, el nuevo acuerdo introduce el derecho a la desconexión y disposiciones sobre la prevención de riesgos psicosociales. Este acuerdo se firmó al mismo tiempo que el nuevo convenio colectivo sobre seguros.


3. Empresas
Comités de empresa europeos

Cambio de la ley de aplicación : En un litigio entre el comité de empresa europeo del banco HSBC y su dirección, el tribunal británico encargado de los litigios relativos a los comités de empresa europeos, el Comité Central de Arbitraje (CAC), dictó el pasado 11 de agosto un dictamen sorprendente sobre el cambio de representante legal de la multinacional a nivel de la UE. Hay que recordar que las multinacionales que no están radicadas en la UE deben designar un representante en uno de los países de la UE que se encargue de las relaciones con el comité de empresa europeo del grupo. Al igual que muchas multinacionales, HSBC nombró a su representante legal en el Reino Unido y negoció la creación del comité de empresa europeo con arreglo a la legislación británica. Con el abandono de la UE por parte del Reino Unido, la dirección del banco decidió por su cuenta nombrar a un nuevo representante legal en Irlanda. Consideró que, en consecuencia, el acuerdo debería estar ahora sujeto a la legislación irlandesa sin necesidad de una revisión del acuerdo aprobada por la mayoría de los miembros del comité de empresa europeo. El CAC se mostró de acuerdo con este punto de vista y sostuvo que un cambio de agente representante significa que la ley aplicable a un convenio cambia automáticamente, sin necesidad de aprobación previa por parte del comité de empresa europeo. Esta decisión podría tener graves consecuencias para todos los comités de empresa europeos de compañías multinacionales que hayan decidido trasladar a su representante del Reino Unido a otro Estado miembro. Por ejemplo, ya no podrían emprender acciones legales ante el CAC habida cuenta de que la legislación británica dejaría de aplicarse al acuerdo.



Desacuerdo sobre una reestructuración : La federación sindical internacional UITA publicó el pasado 19 de julio un comunicado en apoyo del dictamen desfavorable emitido el 28 de junio por el Comité de Información y Consulta (CIC) de Danone (comité de empresa europeo) sobre la reorganización “Local First”, que pretende ahorrar 700 millones de euros mediante la eliminación de 4.406 puestos de trabajo (2.267 si se cuentan las contrataciones). Basándose en la información facilitada por la dirección y en el informe de los expertos, el dictamen denuncia “el ritmo frenético de la reorganización”, que “debilita a los colectivos y aumenta el estrés y los riesgos psicosociales de los trabajadores”. El proyecto está “esencialmente motivado por objetivos bursátiles” y “ante la externalización de ciertas funciones” corre el riesgo de provocar “la transferencia de puestos a países de bajo coste”, como en el caso de ciertos servicios informáticos. El CIC pide a la dirección que “garantice que los trabajadores serán recolocados y que se les ofrezca un programa de formación adecuado en las mejores condiciones posibles y que los trabajadores que no se puedan recolocar deberán ser compensados por el daño sufrido".


Acuerdo transnacional

Derechos fundamentales y responsabilidad social : La dirección del fabricante alemán de automóviles Daimler, su comité de empresa global y la federación sindical internacional IndustriAll Global Union renovaron el pasado 1 de septiembre su acuerdo global sobre responsabilidad social y derechos humanos. El primer acuerdo se firmó en 2002. IndustriAll destaca, en particular, la voluntad de las partes “de encontrar soluciones en los países que no han ratificado” los convenios de la OIT que Daimler se compromete a respetar; el hecho de que el acuerdo incluya “fuertes compromisos y obligaciones vinculantes para la dirección a todos los niveles”, así como un “claro compromiso de neutralidad empresarial en el caso de las campañas de sindicalización”. Además, el acuerdo hace referencia al Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el trabajo y especifica el mecanismo para ejercer la debida diligencia a lo largo de las cadenas de suministro. El nuevo texto también contiene un párrafo sobre la inteligencia artificial para mantenerla bajo control humano (véase el comunicado de IndustriAll Global Union y el comunicado de Daimler).