El sector automovilístico se encuentra entre la espada y la pared en lo que respecta al cambio climático y los trucos de software ya no serán suficientes para retrasar los plazos. Tanto más cuanto que la Comisión Europea ha acortado estos plazos y ha presentado su paquete de medidas “fit for 55” el 14 de julio (véase el comunicado de prensa). La estrategia traduce en varias propuestas legislativas europeas el nuevo objetivo de reducción de CO2 del 55% (en comparación con el nivel de 1990) para sustituir el actual objetivo del 40% (véase la ficha del Parlamento Europeo). Entre las propuestas, la Comisión ha presentado una revisión del reglamento 2019/631 del 17 de abril 2019 por la que se establecen las normas de rendimiento en materia de emisiones de CO2 para los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos. Poco antes del anuncio, los agentes sociales europeos del sector del automóvil, junto con las ONG, enviaron el 7 de julio una carta al comisario europeo Frans Timmermans, responsable del pacto verde europeo (Green Deal). En la carta se pide a la Comisión que presente “urgentemente un marco de transición justo para el ecosistema de la automoción y la movilidad en general” para “apoyar la anticipación y la gestión del cambio”. Los firmantes lamentan que en la actualidad no exista un marco de este tipo para los 16 millones de trabajadores afectados, a diferencia del régimen del Fondo de Transición Justa creado para los 8,8 millones de trabajadores de las industrias intensivas en energía y las regiones intensivas en carbono de Europa. Este plan podría servir de “modelo de transición justa para el ecosistema de la automoción y la movilidad en general”. En Francia, la federación metalúrgica CFDT (FGMM-CFDT) ha publicado un informe conjunto con una ONG, la Fundación Nicolas Hulot (¿Cómo afrontar el reto de una transición justa?), con el fin de elaborar varios escenarios para la industria automovilística francesa, basándose en los trabajos realizados por la empresa Syndex (La electrificación del automóvil y el empleo en Francia). Para los autores, un escenario único que “demuestra la posibilidad de responder a la vez a los retos sociales y medioambientales”. Se trata de reestructurar “el sistema de producción en torno a un sector integrado de motor-batería-vehículo-reciclaje”, poniendo “fin a la producción de vehículos de gasolina y diésel en 2030, y luego a los híbridos en 2035” y apostando “por la economía circular” para contribuir con fuerza a los compromisos climáticos y estabilizar al mismo tiempo el volumen de empleo entre 2035 y 2050. En los otros escenarios, el empleo podría caer hasta un 70%. La acción conjunta de los interlocutores sociales y las ONG marca un punto de inflexión y pone de manifiesto también la importancia de las amenazas al empleo.

Presidencia eslovena de la UE : Al tomar el relevo de Portugal, Eslovenia asume la presidencia de la UE durante seis meses, antes de ceder el testigo a Francia en enero de 2022 (véase Council of the European Union). El papel de la Presidencia consiste principalmente en coordinar el trabajo de los Estados miembros en el seno del Consejo, aunque cada Presidencia puede tener una influencia marginal en los temas que se debaten. De acuerdo con su programa de trabajo, el objetivo de Eslovenia es conseguir que los veintisiete alcancen un acuerdo político sobre la propuesta de directiva sobre los salarios mínimos adecuados para la Unión Europea. Así, también tratará de alcanzar un compromiso con el Parlamento Europeo sobre la revisión del Reglamento de coordinación de los sistemas de seguridad social y de proseguir los debates sobre la propuesta de Directiva relativa a la transparencia salarial. También tiene previsto trabajar en la evolución demográfica de los mercados de trabajo. El objetivo es llegar a un consenso ("adoptar conclusiones", citando los términos consagrados), por un lado, sobre “la promoción del trabajo de calidad para garantizar una calidad de vida para todas las generaciones”, y por otro, “sobre el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la igualdad de género en el mercado laboral”. La Presidencia también trabajará para acercar a los países de los Balcanes Occidentales a los principios de la Europa social, haciendo especial hincapié en el empleo juvenil (véase la página web de la presidencia eslovena de la UE).

• Condiciones de trabajo en el sector aéreo: Los eurodiputados celebraron un debate en el pleno del Parlamento el pasado 8 de julio sobre el impacto de la pandemia en el sector aéreo y, en particular, en el empleo y las condiciones de trabajo. La presidenta de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Lucia Duris Nicholsonova (del grupo Renew Europe), teme “recortes de costes y pérdidas de puestos de trabajo”, mientras que su homóloga en la comisión de Transportes, Karima Delli (Verdes/ALE), pide a la Comisión que aporte “medidas reales contra el dumping social”. Varios eurodiputados pidieron que se desarrolle la dimensión social del sector en el marco de la revisión del Reglamento 1008/2008, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos. Agnes Jongerius (S&D) mostró su preocupación ante la competencia desleal que amenaza la seguridad de los vuelos y sugiere que la asignación de las franjas horarias de los vuelos esté condicionada al respeto de los derechos sociales y las buenas condiciones de trabajo.


• Deber de vigilancia: La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha pedido a la Comisión Europea que fije una fecha para la presentación de su propuesta de directiva por la que se introduce el deber de vigilancia. El texto debería haberse presentado en junio, pero el plazo se ha retrasado hasta octubre. La CES basa su demanda en el Índice Global de los Derechos que publica la Confederación Sindical Internacional (CSI) y en el que se pone de manifiesto un empeoramiento de las violaciones de los derechos sindicales y de los trabajadores en todo el mundo (véase el comunicado y el resumen). El informe ha identificado violaciones sistemáticas en tres países de la UE (Grecia, Hungría y Rumanía) y violaciones regulares en otros tres (Bélgica, Bulgaria y Polonia).

Aplicación del salario mínimo en caso de desplazamiento: : El Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia en un asunto húngaro relativo a una empresa de transporte de mercancías que desplazó a conductores de camiones a bordo de microbuses para realizar operaciones de cabotaje en Francia (TJUE, 8 de julio de 2021, asunto C-428/19, Rapudsped). Los conductores cobraban 10,40 euros por hora, por encima del salario mínimo convencional aplicable en Francia (9,76 euros). Sin embargo, en realidad solamente se les pagaba 3,24 euros por hora. Según la empresa, la diferencia (6,52 euros) se cubría con el importe de las dietas que recibían los conductores para cubrir los gastos asociados a la comisión de servicio y con la bonificación por ahorro de combustible que se les abonaba de forma discrecional en función del ahorro realizado. En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera que los conductores húngaros pueden invocar ante un tribunal húngaro el hecho de que una empresa de su país no cumpliera las normas sobre el salario mínimo francés. Por lo que respecta a la indemnización abonada para hacer frente a los gastos de los conductores, el Tribunal de Justicia señala que se trata claramente de una indemnización proporcional vinculada a la duración del desplazamiento para compensar las molestias que éste ocasiona. En este caso, además del salario percibido, el importe se puede tener en cuenta para comprobar que se cumple el salario mínimo francés. Sin embargo, si el órgano jurisdiccional nacional considera que esta indemnización se paga como reembolso de los gastos efectivamente realizados como consecuencia de la comisión de servicio, como los gastos de viaje, alojamiento o manutención, no se tendrá en cuenta para el cálculo del salario mínimo. El Tribunal también se pronunció sobre la prestación pagada en función del ahorro de combustible. El artículo 10 del Reglamento 561/2006 prohíbe a las empresas de transporte remunerar a los conductores con primas vinculadas a la distancia recorrida o al volumen de las mercancías transportadas, que sean “susceptibles de comprometer la seguridad vial o de fomentar las infracciones del presente Reglamento”. En opinión del Tribunal de Justicia, “esta prima infringiría la prohibición establecida en dicha disposición si, en lugar de estar vinculada únicamente al ahorro de combustible, recompensara dicho ahorro en función de la distancia recorrida o del volumen de las mercancías a transportar, de manera que incitara al conductor a adoptar un comportamiento que pudiera comprometer la seguridad vial o a cometer infracciones del Reglamento nº 561/2006”.

> Destacado: El Tribunal de Justicia debe dictar una nueva sentencia el 15 de julio en dos casos alemanes relacionados con el uso de pañuelos en la cabeza por parte de una profesora especializada en una asociación sin ánimo de lucro que acoge a niños, y por parte de una cajera en una tienda. Ambas llevaban pañuelos en la cabeza a su regreso del permiso parental y fueron sancionadas. Se pide al Tribunal de Justicia que aclare el concepto de “discriminación indirecta” y la relación entre el Derecho de la UE y el Derecho de los Estados miembros en materia de protección de la libertad religiosa (TJUE, 15 de julio 2021, asuntos C‑804/18 y C‑341/19, WABE y Müller Handels).

Sector ferroviario : Los agentes sociales europeos del sector ferroviario (CER y ETF) suscribieron el pasado 30 de junio un acuerdo provisional sobre el fomento del empleo femenino en el sector. El texto, que será el primer acuerdo vinculante en el sector desde hace 15 años, aún debe ser aprobado formalmente por los ejecutivos de ambas organizaciones con vistas a su firma formal a finales de año. “Este acuerdo pretende atraer a más mujeres al sector ferroviario, ofrecerles una mayor protección y garantizar la igualdad de trato en el trabajo". (véase el comunicado).

• Convenio colectivo con CRBC : El Sindicato de la Industria de la Construcción (SGH) firmó el pasado 5 de julio un nuevo convenio colectivo con el principal contratista del puente de Pelješac, China Road and Bridge corporation (CRBC). El nuevo acuerdo regula con más detalle la jornada laboral de los trabajadores encargados de la construcción del puente.

• Negociación colectiva durante la crisis de Covid-19 : Según el balance anual de la negociación colectiva para 2020, publicado el 5 de julio, esta ha seguido siendo dinámica a pesar del contexto de la pandemia. Los acuerdos de sucursal se aproximan a la marca del millar y si bien el volumen de acuerdos de empresa en 2020 es inferior al de 2019, está por encima del de 2018. Esto es una señal de que la tendencia subyacente sigue siendo al alza. Según el Ministerio de Trabajo, “el diálogo social ha desempeñado un papel esencial en la gestión de la crisis” (véase el comunicado, el dosier de prensa y el informe).

Multa por uso indebido de algoritmos : La autoridad administrativa independiente encargada de la protección de datos personales de Italia (Garante per la protezione dei dati personali) ha multado a Foodinho, una plataforma de entrega electrónica del grupo español Glovo, con 2,6 millones de euros por el uso de algoritmos que causan discriminación. Se trata de la primera decisión sobre esta cuestión por parte de la autoridad italiana, que realizó una inspección conjunta con la autoridad española AEPD en virtud del reglamento RGPD de la UE. La autoridad italiana señala que la empresa, que emplea a 19.000 mensajeros, no había informado adecuadamente a sus trabajadores sobre el funcionamiento del algoritmo y no había establecido las salvaguardias adecuadas para garantizar la exactitud y la equidad de los resultados que se utilizaban para evaluar el rendimiento de los mensajeros. Además, la empresa no contaba con procedimientos para hacer valer el derecho a la intervención humana, a expresar la propia opinión y a impugnar las decisiones tomadas mediante estos algoritmos, lo que en algunos casos dio lugar a la exclusión de los mensajeros de la plataforma (véase el comunicado).

• Fin gradual de la prohibición de despedir: El gobierno italiano está eliminando gradualmente la prohibición de despedir que se introdujo durante la pandemia. El fin de la prohibición varía en función del “colchón social” utilizado para compensar el trabajo a tiempo parcial (Cassa integrazione). En los sectores de la industria y la construcción, que se acogen a la ley, la prohibición de despedir por motivos económicos dejó de estar en vigor desde el 1 de julio. La prohibición desaparecerá el 31 de octubre para el sector terciario y para las pequeñas empresas que utilicen mecanismos alternativos (“Fondo de Solidaridad”) o que estén cubiertas por el Estado. Antes de la fecha límite del 31 de junio, el gobierno intervino por decreto para ampliar la excepción al sector textil, que por sus dificultades podrá beneficiarse del acceso al paro parcial sin penalización hasta el 31 de octubre. En los sectores manufactureros, donde ahora es posible despedir a los trabajadores, las empresas que ya han alcanzado el límite del número de meses cubiertos por la ‘cassa integrazione’ podrán seguir recurriendo a ella durante 13 semanas.

Semana de cuatro días : El 4 de julio se publicó un informe de evaluación del experimento de la semana de 4 días realizado en la administración y la ciudad de Reikiavik, desde 2015 hasta 2019. La semana laboral se redujo a 35-36 horas, sin reducción de salario. El informe, que abarca a 2.500 trabajadores, es decir, más del 1% de la población activa del país, señala que la productividad y la prestación de servicios se han mantenido o han mejorado en la mayoría de los centros de trabajo que han experimentado con la semana de 4 días. El bienestar de los trabajadores mejoró significativamente en una serie de indicadores, desde el estrés percibido y el agotamiento hasta la salud y la conciliación entre el trabajo y la vida privada.

Dictamen desfavorable sobre una reorganización : El comité de empresa europeo del grupo Engie emitió el pasado 23 de junio un dictamen unánime y desfavorable sobre el proyecto de reorganización del grupo y la creación del holding “Bright” que afectará a más de 75.000 empleados en el mundo (el 80% de ellos en Europa). Este holding “reunirá la mayor parte de las filiales de las actividades multiservicios en el mundo, que luego serán vendidas a un comprador aún desconocido”, subraya el comité. Este organismo considera la operación como un proyecto financiero más que industrial y cree que “Bright” podría mantenerse dentro del grupo Engie. No obstante, si la dirección persigue el objetivo de vender Bright, el comité de empresa europeo desearía “alcanzar un acuerdo tripartito entre los agentes sociales, Bright y el futuro comprador, antes de que finalice el proceso de venta”, para consolidar los compromisos sociales del comprador y garantizar “una inversión socialmente responsable”.

Exclusión de los representantes británicos : La jurisdicción británica encargada de los litigios relativos a los comités de empresa europeos, el Comité Central de Arbitraje, se ha visto invadida por el comité de empresa europeo del banco HSBC, que impugnó varias decisiones de la directiva central relacionadas con el Brexit. La dirección del banco anunció al comité: 1) El cambio del representante de la dirección central, que sería un representante irlandés a partir del 1 de enero de 2021. 2) El cambio de la ley aplicable al acuerdo constitutivo del comité de empresa europeo, que pasaría de la ley británica a la irlandesa. 3) La supresión del ámbito de aplicación del acuerdo de todos los centros situados en el Reino Unido. 4) La exclusión de los representantes de los trabajadores británicos que formaban parte del comité de empresa europeo, que ocupan 8 puestos de los 20 del comité de empresa europeo. El acuerdo por el que se crea el comité se refiere, tanto para las operaciones cubiertas como para el nombramiento de los miembros, a los países del Espacio Económico Europeo. Por lo tanto, en su sentencia del 22 de junio, los jueces validaron con toda lógica la decisión de la empresa de excluir a los representantes británicos al final del periodo transitorio que marca la salida definitiva del Reino Unido de la UE. Por otro lado, también dieron tiempo al comité de empresa europeo para que volviera a presentar un recurso para impugnar el cambio de la legislación aplicable.

Acuerdos marco europeos en declive : En un artículo publicado en Chronique internationale, del Instituto de Investigación Económica y Social (IRES), dirigido por las seis confederaciones sindicales francesas, el investigador Udo Rehfeldt se pregunta por las razones del estancamiento de los acuerdos marco internacionales (AMI) y del declive de los acuerdos marco europeos (AME) (véase European social dialogue). Con cifras que lo avalan, subraya el fuerte crecimiento de los acuerdos de empresas transnacionales firmados anualmente en la década de 2000 hasta alcanzar un "pico" en 2008, "seguido de una desaceleración en la década siguiente". Para el investigador, "esta ralentización es el resultado de un estancamiento de los AMI y de un fuerte descenso del número de AME firmados cada año". Para el autor, "este descenso de los ACE es en gran medida un efecto de la adopción de los procedimientos de mandato por parte de las federaciones sindicales europeas". Procedimientos que, como el de IndustriAll Europe, imponen la adopción de un mandato de negociación y la aprobación del proyecto de acuerdo por una mayoría de 2/3 de las organizaciones sindicales de cada país. Citando un trabajo reciente, el autor subraya que los requisitos de procedimiento de la federación sindical internacional IndustriAll Global Union “son menos estrictos” y, por lo tanto, preferidos por la dirección de las empresas. “Cuando inicia una negociación, IndustriAll Global se limita a informar a sus afiliados y, para que se adopte el acuerdo, es necesario que lo ratifique la mitad de los representantes sindicales de los distintos países afectados, que representan a la mitad de los trabajadores. El autor critica a la Confederación Europea de Sindicatos, que tiene la intención de pedir a la Comisión Europea y a la OIT, que gestionan conjuntamente una base de datos de este tipo de acuerdos, que “retiren todos los acuerdos firmados por partes distintas de las federaciones sindicales europeas o internacionales”. Udo Rehfeldt se pregunta si "¿No equivale esto a romper el termómetro en lugar de buscar los orígenes de la enfermedad para curarla?.”