El pasado 28 de junio, la Comisión Europea presentó el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo para el periodo 2021-2027, que establece las futuras acciones de la UE para reducir el número de accidentes laborales (3.300 accidentes mortales laborales al año y 3,1 millones de accidentes no mortales) y el número de trabajadores que mueren como consecuencia de una enfermedad profesional (200.000 al año) (véase el comunicado de prensa). Aunque la frecuencia de los accidentes mortales se redujo en aproximadamente un 70% entre 1994 y 2018, el descenso se ha ralentizado considerablemente desde 2009 y esto justifica nuevas iniciativas a nivel de la UE. Dentro de este nuevo marco estratégico, la Comisión está desarrollando una serie de iniciativas, algunas de las cuales son legislativas y vinculantes, mientras que otras se apoyan en los agentes sociales o en la financiación de campañas de investigación y comunicación. En el ámbito de las intervenciones legislativas, la Comisión anuncia una revisión de las directivas relacionadas con la digitalización y el uso del teletrabajo para 2023: la directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo y la directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. En cuanto al derecho de desconexión, que el Parlamento Europeo ha reclamado con insistencia, la Comisión explica que garantizará “un seguimiento adecuado del tema”, sin mencionar ninguna fecha ni instrumento. Para luchar contra las enfermedades profesionales, la Comisión tiene previsto fijar o reducir determinados límites de exposición en el año 2022 para el amianto (directiva 2009/148), el plomo y los isocianatos (directiva 98/24) y en 2024 para el cobalto (directiva 2019/130). La atención se centra en las sustancias a las que estarán expuestos los trabajadores en el contexto de la transición ecológica (renovación térmica, baterías eléctricas). La Comisión también anuncia la actualización de las normas de la UE sobre sustancias peligrosas para combatir el cáncer y las enfermedades reproductivas y respiratorias. La Comisión va a poner en marcha una consulta a los agentes sociales sobre los valores límite reducidos para los humos de soldadura, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el isopreno y el 1,4-dioxano, en el marco de la directiva sobre carcinógenos y mutágenos, en 2023, e identificar una lista prioritaria de productos reprotóxicos, sin fijar una fecha. El impacto de la digitalización se aborda mediante una campaña de sensibilización dirigida por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de cubrir los trastornos musculoesqueléticos y los riesgos psicosociales. Sobre este último punto, los agentes sociales europeos deben evaluar los problemas emergentes relacionados con la salud mental en el trabajo y proponer “directrices de actuación” antes de finales de 2022. Uno de los objetivos declarados de la Comisión es desarrollar un enfoque de “Visión Cero” para las muertes relacionadas con el trabajo en la UE, con el fin de reducirlas al máximo.

Democracia en el trabajo y comités de empresa europeos : El 1 de julio la eurodiputada Gabriele Bischoff (S&D) presentará el proyecto de informe de iniciativa sobre la democracia en el trabajo: un marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. En este ambicioso documento, Gabriele Bischoff pide a la Comisión “que introduzca una nueva directiva marco sobre la información, la consulta y la participación de los trabajadores para los distintos tipos de empresas europeas, incluidas las cadenas de subcontratación y las franquicias (…) a fin de establecer unas normas mínimas en cuestiones como la anticipación del cambio y la restructuración”. Es necesario “garantizar que la información y la consulta sean parte integral de la toma de decisiones de las empresas en todos los niveles”. La Comisión debería mejorar las directivas sobre sociedades europeas, sociedades cooperativas europeas y derecho de sociedades. También pretende modificar la directiva 2001/86 para introducir normas europeas mínimas de representación de los trabajadores en los consejos de administración, pasando de 2 a 3 puestos en las empresas de 50 o más trabajadores a la mitad de los puestos en las empresas de más de 1000 trabajadores. El informe denuncia las carencias de la directiva sobre los comités de empresa europeos que los sindicatos ponen de manifiesto regularmente: garantizar el acceso a la justicia, acabar con las exenciones de los antiguos acuerdos llamados “voluntarios”, introducir sanciones por el incumplimiento de los derechos de información y consulta, consolidar la noción de “carácter transnacional de un asunto” o impedir los abusos de las normas de confidencialidad.
> Perspectivas: Si se aprueba el informe en otoño y luego en el pleno, la Comisión Europea deberá posicionarse sobre esta cuestión y posiblemente tenga que lanzar una iniciativa, como una consulta a los agentes sociales europeos (véase European social dialogue).

Biometría y reconocimiento facial : El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) aprobaron el pasado 18 de junio un dictamen conjunto sobre la propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial. Ambos organismos solicitan 1) Una prohibición general del uso de la inteligencia artificial para el reconocimiento automático de características humanas en espacios de acceso público (reconocimiento facial, huellas dactilares y cualquier otra señal biométrica o de comportamiento). 2) La prohibición de los sistemas de inteligencia artificial que utilizan la biometría para clasificar a las personas en grupos basados en todos los motivos por los que se prohíbe la discriminación en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 3) La prohibición del uso de la inteligencia artificial para cualquier tipo de calificación social y para inferir las emociones de un individuo (salvo en casos muy concretos, como ciertos fines sanitarios) (véase el comunicado de prensa). La prohibición de la vigilancia biométrica también es reclamada por más de 145 organizaciones, incluidos los sindicatos, en una carta abierta (“ban biometric surveillance”) en la que se pide, en particular, a los empleados de las empresas tecnológicas que, con el respaldo de sus sindicatos, se organicen, en la medida de lo posible, para rechazar el desarrollo o la venta de tecnologías de reconocimiento facial y reconocimiento biométrico remoto. “La vigilancia orwelliana de los trabajadores, sin su conocimiento ni consentimiento, viola la legislación europea sobre privacidad y los valores y principios democráticos fundamentales de la UE”, recordó Isabelle Schömann, vicesecretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (véase el comunicado) en la presentación de un Policy Brief del Instituto Sindical Europeo (Etui) redactado por Aída Ponce Del Castillo en el que se aboga por la adopción de una directiva específica sobre inteligencia artificial en el empleo. La CES ha enviado una carta a los eurodiputados pidiéndoles que “corrijan el desequilibrio entre los intereses de las empresas y los trabajadores en las propuestas de la Comisión Europea” (véase la propuesta de la Comisión en IR Notes 163 y un estudio anterior del Etui en IR Notes 165).

• Plan de recuperación: La organización patronal europea BusinessEurope publicó el pasado 11 de junio su barómetro sobre las reformas (BusinessEurope Reform Barometer 2021), que presenta las opiniones de sus afiliados en los Estados miembros sobre el plan de recuperación europeo y sus variaciones nacionales. Únicamente el 11% de las federaciones miembro considera que el impacto de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de su país será significativo o muy significativo. Además, más de la mitad de las federaciones consideran que sus respectivos planes nacionales de recuperación y resiliencia no hacen suficiente hincapié en la competitividad de las empresas y, en particular, en la investigación, el desarrollo y la innovación (véase el comunicado).


• Reunión de los Ministros de Trabajo del G20: En su reunión del 23 de junio, los Ministros de Trabajo del G20 adoptaron una declaración titulada “Fomentar una recuperación inclusiva, sostenible y resistente de los mercados de trabajo y las sociedades" (véase el comunicado) que incluye en su anexo compromisos para garantizar mejores puestos de trabajo para las mujeres, recordando su compromiso de reducir la diferencia de participación en el mercado laboral entre mujeres y hombres en un 25% para 2025. La declaración también menciona una protección social adecuada para todos, la regulación del teletrabajo (incluido el derecho a la desconexión) y el trabajo en plataformas digitales.

Libertad de establecimiento y derecho de huelga : El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia el pasado 10 de junio en un caso de boicot de los estibadores de un puerto noruego. El Tribunal de Justicia aclara que el principio de libertad de establecimiento debe tenerse en cuenta, entre otros criterios, para verificar la legalidad de una acción colectiva, como una huelga o un cierre patronal o “lockout”. Por otro lado, el tribunal considera que el principio de libertad de establecimiento no es un derecho fundamental del mismo nivel que la libertad de asociación: estas dos libertades no tienen que conciliarse. “El principio de libertad de establecimiento no es un derecho fundamental contrapuesto a la libertad de asociación, sino un elemento, aunque importante, a tener en cuenta para valorar la proporcionalidad de la acción colectiva” (véase el comunicado de prensa). Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el TEDH ha indicado claramente que el derecho de huelga prevalece sobre las “libertades económicas” del mercado único. La CES sostiene que “se trata de una sentencia importante para el movimiento sindical europeo porque establece una clara jerarquía de derechos, en la que los derechos de los trabajadores tienen prioridad sobre las libertades económicas. Se trata de una cuestión controvertida de hace tiempo en el Derecho comunitario, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos Viking y Laval, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de aclarar por primera vez” (véase Viking y Laval; Strike action at EU level).

• Libertad de expresión y redes sociales: En una sentencia dictada el 15 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) examinó la suerte de una empleada de limpieza del sistema educativo nacional turco. La trabajadora fue despedida por haber dado a “me gusta” en varios contenidos publicados en Facebook por terceros y bastante desfavorables para el gobierno. El Tribunal destacó que el botón “Me gusta” podía “considerarse como un medio para mostrar interés o aprobación de un contenido” y que constituye “una forma común y popular de ejercicio de la libertad de expresión en línea”. El TEDH subraya que las autoridades nacionales no trataron de evaluar en particular la capacidad de los comentarios “Me gusta” en cuestión para causar consecuencias perjudiciales en el lugar de trabajo de la demandante, teniendo en cuenta el contenido de los mismos, el contexto profesional y social en el que se realizaron y su potencial alcance e impacto. Por consiguiente, las razones aducidas en el presente caso para justificar el despido de la demandante no pueden considerarse pertinentes ni suficientes.

• Guía sobre el acoso y la violencia en el trabajo: : Con motivo de la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT y de la Recomendación 206, varias Federaciones Sindicales Internacionales han publicado una guía para formadores sindicales y un manual con ejemplos de actividades a utilizar en la formación.

• Cuidadores familiares : En una sentencia del 24 de junio, el Tribunal Federal declara que los cuidadores familiares extranjeros destinados a un hogar privado en Alemania tienen derecho al salario mínimo legal por las horas trabajadas. También se incluyen los turnos de guardia, que pueden consistir en que el cuidador tenga que vivir en el domicilio de la persona a la que va a cuidar y, por lo general, esté obligado a trabajar a todas las horas del día y de la noche, según se requiera (véase el comunicado).

• Acuerdo interprofesional: : El 8 de junio, los agentes sociales alcanzaron un acuerdo interprofesional para el periodo 2021-2022, que fue aprobado la semana pasada por las tres centrales sindicales CSC, CGSLB y FGTB. El texto eleva el salario mínimo a 1.702 euros brutos el 1 de abril de 2022 y luego, en dos etapas, a 1.772 euros brutos. La cuota de horas extraordinarias se eleva a 120 horas para todos los sectores y se mantienen las medidas de exención fiscal. El texto también establece un marco para los aumentos salariales generales, que pueden alcanzar el +0,4% en dos años (véanse los comunicados de la CSC, FGTB y de la organización patronal FEB).

Suspensión de la reforma del seguro de desempleo : El Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo de Francia, ha dado la razón a los sindicatos en un auto fechado el 22 de junio, después de que varios sindicatos impugnaran el decreto de 30 de marzo de 2021 sobre la reforma del seguro de desempleo del gobierno. El tribunal suspende las normas de cálculo de la cuantía del subsidio de desempleo que iban a entrar en vigor el 1 de julio. El Consejo de Estado considera que las incertidumbres sobre la situación económica no permiten poner en marcha en esa fecha la nueva normativa, que supuestamente fomentará la estabilidad laboral al hacer menos favorable la indemnización por desempleo a los trabajadores que han alternado entre contratos cortos e inactividad. En este periodo de recuperación de la pandemia, las empresas de muchos sectores están recurriendo en gran medida a los contratos de corta duración para satisfacer las necesidades temporales. Sin embargo, las nuevas normas de cálculo de las prestaciones habrían penalizado considerablemente a los trabajadores de estos sectores, que sufren más al no poder elegir la alternancia entre períodos de trabajo y períodos de inactividad (véase el comunicado).

• Semana de cuatro días : El gobierno irlandés anunció el pasado 22 de junio el lanzamiento de estudios sobre las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de una reducción del tiempo de trabajo a una semana de cuatro días, incluyendo las cuestiones medioambientales. Extrayendo lecciones del desarrollo del trabajo a domicilio durante la pandemia, el ministro de Empresa y Empleo, Leo Varadkar, dijo que era “demasiado pronto para decir si una semana laboral de cuatro días funcionaría en Irlanda. La idea es ambiciosa: conseguir los mismos resultados y productividad, por el mismo salario, con un 20% menos de horas trabajadas” (véase el comunicado).

Recorte salarial en Foodora: : El primer convenio colectivo alcanzado entre la empresa de plataformas de reparto de comidas, Foodora, y un sindicato se ha traducido en un recorte salarial para los trabajadores de reparto más veteranos. Tras suscribir contratos de trabajo con sus trabajadores Foodora firmó un convenio colectivo en febrero de 2020 (véase el comunicado) que entró en vigor el 1 de abril de 2021. Unos 40 repartidores se enfrentaron a la alternativa de trabajar por menos salario o ser despedidos. La empresa aplica las disposiciones del convenio colectivo a todos los trabajadores sin tener en cuenta los métodos de remuneración aplicados antes del convenio, que eran más favorables, ni la antigüedad del personal de reparto. El sindicato considera que existe una laguna en el convenio colectivo y que Foodora no está autorizada en ningún caso a bajar los salarios. El sindicato por tanto tiene la intención de llevar el asunto a los tribunales laborales.
> Para saber más: Artículo (en inglés) de nuestro experto nacional, Christer Thornqvist.

• Deber de vigilancia : El pasado 10 de junio el Parlamento noruego aprobó la ley de transparencia, que obliga a las empresas a ejercer un deber de vigilancia en materia de derechos humanos y trabajo decente, no solamente en su cadena de suministro, sino en todas sus relaciones comerciales. La ley obliga a las empresas a realizar evaluaciones de riesgos y a especificar cómo pretenden prevenirlos. Esta obligación se aplicará a las empresas a partir de 50 empleados y con un volumen de negocio de al menos 70 millones de coronas (unos 7 millones de euros). El Foro Noruego para el Desarrollo, que agrupa a las ONG que habían presionado a favor de la ley, se congratula de que el umbral sea bajo ya que abarca a unas 8.800 empresas. Sin embargo, la ley no aborda la responsabilidad medioambiental y las víctimas de violaciones de los derechos humanos no tendrán derecho a solicitar reparaciones ante los tribunales (véase el análisis del Foro Noruego para el Desarrollo y el Medio Ambiente).

Permiso parental: : Para garantizar que el derecho al permiso parental (Shared Parental Leave and Pay) sea efectivo, el gobierno británico ha introducido una herramienta online para ayudar a los futuros progenitores a compartir el tiempo libre durante las primeras etapas clave de la vida de su bebé. El permiso parental permite a los progenitores compartir hasta 50 semanas de permiso y hasta 37 semanas de sueldo durante el primer año de vida de su hijo. Con la nueva herramienta, los progenitores podrán comprobar si cumplen los requisitos para acogerse al régimen, calcular su derecho a la paga y descargar todos los documentos que necesitan para obtener el permiso de su empresa. Es de destacar que los progenitores también tienen acceso a un máximo de 20 “días de permiso parental compartido en contacto” (SPLiT) cada uno. Pueden utilizar uno o más de sus días SPLiT para trabajar durante la semana en la que están de permiso parental compartido y de esta manera pueden probar el trabajo a tiempo parcial durante su permiso parental compartido.

• Derechos de los trabajadores: El gobierno británico anunció el pasado 8 de junio la creación de un nuevo organismo para proteger los derechos de los trabajadores. El control de la normativa sobre la esclavitud moderna, la aplicación del salario mínimo y la protección de los trabajadores temporales -que en la actualidad se reparten entre tres organismos diferentes- pasarán a depender de esta nueva autoridad (véase el comunicado).

Denuncia e incumplimiento de acuerdo : El Tribunal de Primera Instancia de Pontoise se pronunció el pasado 23 de junio en el asunto entre el comité de empresa europeo de Atos SE, apoyado por cinco sindicatos europeos, y la dirección del grupo, que denunció el convenio constitutivo del comité de empresa europeo de Atos SE y anunció la creación de un grupo especial de negociación para negociar un nuevo acuerdo (véase IR Notes 163). El litigio se refiere a la interpretación del apartado 4 del artículo 23 del acuerdo, que estipula que en caso de rescisión deben iniciarse negociaciones y “mientras las dos partes no hayan firmado un nuevo acuerdo, prevalecerá el presente acuerdo”. Los representantes de los trabajadores consideran que el comité debe mantenerse hasta que se firme un nuevo acuerdo. Para el juez, la cláusula controvertida no es tan clara como parece. El juez consideró que infringía el principio consagrado en la legislación francesa de “prohibición de compromisos perpetuos”. En efecto, las disposiciones del acuerdo “no prevén más plazo que el de un nuevo acuerdo (...) reduciendo así potencialmente a la nada el derecho de rescisión unilateral concedido a cada una de las partes (...), por efecto de la negativa de la otra parte a celebrar un nuevo acuerdo”. Al tratarse de un problema de interpretación de la ley, el juez de la jurisdicción sumaria considera que no hay una clara alteración del orden público, y rechaza la petición del comité europeo. Además, los representantes de los trabajadores exigieron la creación de un “comité provisional”, que funcione sobre la base de las disposiciones subsidiarias de la directiva sobre la participación de los trabajadores en la sociedad europea hasta que se llegue a un acuerdo. “Este concepto de comité jurídico ‘provisional’ no entra precisamente en ninguna de las disposiciones de la legislación sobre comités de empresa europeos” y la ausencia de un comité europeo en este grupo, mientras se lleva a cabo la reestructuración, no presenta una perturbación manifiestamente ilegal.

Empleo estacional : El pasado 15 de junio, la Comisión Europea publicó un informe sobre la movilidad intraeuropea de los trabajadores estacionales. El informe señala los principales retos a los que se enfrentan unos 650.000 a 850.000 trabajadores temporeros intracomunitarios: acceso a la información sobre sus derechos, protección social adecuada, vivienda digna, remuneración y condiciones de trabajo decentes (véase el comunicado). El informe, anunciado en la comunicación sobre las directrices relativas a los trabajadores temporeros en la UE en el contexto de la crisis de Covid-19, publicada en julio de 2020, llega en el momento en que la Autoridad Laboral Europea lanza su primera campaña sobre los derechos de los trabajadores temporeros.