Tras cinco años de duras negociaciones con varios gobiernos, los legisladores han llegado a un acuerdo sobre la revisión de la Directiva 2013/34 sobre la divulgación por parte de determinadas empresas y sucursales de información relativa a los impuestos sobre los beneficios que obliga a las multinacionales a revelar los impuestos pagados en cada país. La propuesta de directiva aún deberá ser aprobada por las comisiones competentes del Parlamento y luego por el pleno, así como por el Consejo. Se espera que la votación del pleno se celebre después de las vacaciones de verano. A continuación, los Estados miembros tendrán que transponer la directiva a sus respectivas legislaciones. El proyecto de directiva propone normas que obligan a las multinacionales (y sus filiales) con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros y que operan en más de un país a publicar y poner a disposición el importe de los impuestos que pagan en cada Estado miembro. Esta información tendrá que estar disponible en Internet en un formato único legible por ordenador.
Para facilitar el uso de la información proporcionada y aumentar la transparencia, estos datos tendrán que cubrir, en particular, la naturaleza de las actividades de la empresa, el importe de los beneficios o pérdidas antes del impuesto sobre la renta, el importe del impuesto sobre la renta acumulado y pagado así como los beneficios acumulados. Entre los elementos que deben comunicarse, hay dos que revisten un interés especial para los agentes sociales. Por un lado, el nombre de la empresa matriz última y, en su caso, la lista de todas sus filiales, una breve descripción de la naturaleza de sus actividades y su ubicación geográfica. Por otro lado, el número de trabajadores en equivalente a tiempo completo. Toda esta información debería facilitar las gestiones de los representantes de los trabajadores de estas multinacionales cuando quieran constituir un comité de empresa europeo. De hecho, algunos grupos son poco transparentes en cuanto al número de trabajadores en la UE y a la distribución de la mano de obra por países. Este paso histórico en materia de fiscalidad podría tener también repercusiones en la representación colectiva de los trabajadores en la UE.
> Para saber más: artículo de la eurodiputada (S&D) Evelyn Regner publicado por Social Europe.

Aprobación definitiva del Fondo de Transición Justa : El pasado 18 de mayo los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría el Reglamento por el que se establece el Fondo de Transición Justa. Este fondo está destinado a financiar la ayuda a la búsqueda de empleo y el reciclaje profesional, así como la inclusión de los trabajadores y los solicitantes de empleo en la transición de la economía europea hacia una economía neutra desde el punto de vista climático. Para cumplir con su misión, el fondo recibirá 17.500 millones de euros (en lugar de los 40.000 millones previstos inicialmente), que se destinarán, en particular, a financiar los “planes territoriales de transición justa” elaborados por los Estados Miembros que se han comprometido a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Los Estados deben elaborar estos planes territoriales “en el marco de un diálogo social con las partes interesadas y en cooperación con ellas”. Para la federación sindical europea IndustriAll Europe, la creación de este fondo “es un paso importante para los trabajadores y los sindicatos en su lucha por las medidas de acompañamiento de la transición de los trabajadores" (véase el comunicado). Una vez que el Consejo apruebe formalmente el Reglamento, éste entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (véase el comunicado de prensa del Parlamento Europeo).

Ferrocarriles: El pasado 18 de mayo los agentes sociales del sector ferroviario (ETF y CER) reanudaron  las negociaciones a nivel europeo para un acuerdo vinculante que fomente el empleo de las mujeres en el sector ferroviarios. Las negociaciones arrancaron en 2019 y se suspendieron durante la crisis de Covid-19, pero los agentes sociales pretenden ahora alcanzar un acuerdo antes del verano, quince años después de que se cerrara el último convenio vinculante (véanse los comunicados de ETF, IT y CER).

• Textil-confección-piel-calzado: Los agentes sociales europeos del sector textil-confección-piel-calzado aprobaron el pasado 25 de mayo una declaración conjunta titulada “La futura estrategia industrial del ecosistema textil de la UE (sectores TCLF)” (véase el comunicado de IndustriAll Europe). 


• Tecnologías marítimas: Los agentes sociales europeos del sector de las tecnologías marítimas aprobaron el pasado 25 de mayo una declaración conjunta titulada “Se necesitan urgentemente acciones políticas europeas específicas para apoyar la supervivencia, la resistencia y la competitividad del sector de las tecnologías marítimas en Europa”(véase el comunicado conjunto de IndutriAll Europe y de SEA Europe).


• Industrias madereras: Los agentes sociales europeos del sector maderero aprobaron el pasado 17 de mayo una posición común para “construir juntos un futuro más verde” para constatar su voluntad de participar en la “ola de renovación” que suponen los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

Ley de modernización de los comités de empresa : El pasado 28 de mayo el Parlamento alemán aprobó definitivamente la Ley de modernización de los comités de empresa (Betriebsrätemodernisierungsgesetz) (véase el comunicado). El texto definitivo se publicará en breve y simplifica el procedimiento de elección de los representantes de los comités de empresa; mejora la protección de los trabajadores que inician la creación de un comité de empresa; rebaja la edad de voto para las elecciones de 18 a 16 años; y perpetúa las reuniones virtuales de los comités de empresa, así como el uso de la firma electrónica para los acuerdos de empresa, que se probó durante la crisis de Covid-19. El texto también refuerza los poderes del comité de empresa, que tiene derecho de codecisión sobre la introducción del teletrabajo y poderes más amplios en caso de recurrir a la inteligencia artificial, especialmente cuando se utiliza para seleccionar a los trabajadores. Se prevé el derecho a recurrir a un experto si el comité de empresa tiene que evaluar la introducción o el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de sus funciones. Además, el legislador también ha ampliado la protección contra los accidentes de trabajo a todos los desplazamientos realizados al domicilio del trabajador (y ya no solamente a los viajes “de trabajo” entre la oficina y la imprenta, por ejemplo) y a los desplazamientos realizados para cuidar de los hijos.

Acceso virtual de los sindicatos a los trabajadores : La federación sindical alemana de la industria química y la organización patronal del sector del caucho firmaron el pasado 22 de abril un convenio colectivo que permite enmarcar el acceso del sindicato a los trabajadores de las empresas mediante el uso de herramientas de comunicación electrónica. Se trata del primer acuerdo de este tipo en Alemania. La pandemia de Covid-19 dificultó el contacto de los sindicatos con los trabajadores. El texto permite a IG-BCE enviar correos electrónicos a los trabajadores, utilizar las herramientas de videoconferencia de la empresa para las reuniones sindicales e insertar comunicaciones sindicales en la intranet de la empresa (véanse los comunicados de prensa de IG-BCE y de IndustriAll Europe).

Nueva medida de representatividad sindical : El pasado 26 de mayo, el Ministerio de Trabajo publicó los resultados obtenidos por las organizaciones sindicales en las elecciones profesionales que permiten determinar qué sindicatos son representativos a nivel de las ramas profesionales y a nivel nacional. Para ser considerada representativa a nivel nacional e interprofesional, una organización sindical debe obtener al menos el 8% de los votos. Es el caso de las cinco centrales sindicales, que superan todas este umbral, con algunas variaciones respecto a los resultados de 2017. La CFDT sigue en cabeza con el 27,77% de los votos, seguida de la CGT (22,96%), FO (15,24%), CFE-CGC (11,92%) y CFTC (9,50%). Los resultados por rama de actividad se harán públicos progresivamente a partir de septiembre de 2021 (véase el comunicado).

• Cuota femenina: El pasado 12 de mayo la Asamblea Nacional votó por unanimidad un proyecto de ley sobre “igualdad económica y profesional real” entre mujeres y hombres. El texto debe ahora ser examinado por el Senado y obliga a las empresas de más de 1.000 trabajadores a alcanzar una proporción de al menos el 30% de mujeres entre los “ejecutivos y miembros de los órganos de dirección” para 2027 y del 40% para 2030.


• Desarrollo de la tutoría: En el marco del plan “1 joven, 1 solución”, el gobierno francés ha creado el servicio “1 joven, 1 tutor” para acelerar el desarrollo de la tutoría apoyando a 100.000 jóvenes a partir de 2021 y luego a 200.000 para 2022. El servicio de tutoría pondrá a jóvenes de entre 13 y 25 años en contacto con voluntarios experimentados (trabajadores, jubilados, estudiantes, etc.) durante períodos cortos o largos. Los tutores interactuarán con los jóvenes de forma regular para darles consejos, compartir su experiencia o poner a su disposición sus conocimientos y redes para ayudarles a elaborar un plan de carrera.


• Experimentación de transiciones colectivas: El Ministerio de Trabajo ha firmado los primeros acuerdos del mecanismo de “transiciones colectivas” previsto en el plan de recuperación. Se trata de un nuevo sistema que se ha diseñado mano a mano con los agentes sociales y que permite a las empresas anticiparse a los cambios económicos de su sector y a los trabajadores recibir apoyo para reciclarse con confianza. El sistema fomenta la movilidad profesional e intersectorial hacia los oficios emergentes o hacia los oficios deficitarios en sectores con dificultades de contratación. Mediante una formación validada por un certificado de cualificación reconocido por una rama profesional, los beneficiarios pueden acceder al prometedor oficio de su elección antes de ser contratados en una empresa. Durante el periodo de formación, los trabajadores no están desempleados y se les mantiene el sueldo. En función del tamaño de la empresa, el Estado sufraga la totalidad o una parte de los proyectos de reciclaje de los trabajadores (incluidas las cargas sociales, jurídicas y convencionales), los costes educativos de los cursos de formación durante un periodo máximo de 24 meses y una parte importante de la remuneración de los trabajadores afectados. Los grupos Korian y Derichebourg han sido los primeros en firmar un acuerdo para los trabajadores que deseen seguir un curso de formación para obtener un diploma de auxiliar de enfermería. El 19 de mayo, Korian y los supermercados Monoprix lanzaron un nuevo plan para que 60 trabajadores que actualmente son cajeros o escaparatistas sigan un curso de formación remunerado para convertirse en auxiliares de atención. Una vez obtenido el título estatal, estos trabajadores voluntarios pueden ser contratados de forma permanente en Korian (véase el comunicado del Ministerio de Trabajo y el dossier de prensa de Korian).

Covid-19 y teletrabajo : Tras un año de negociaciones, el grupo asegurador italiano Generali firmó el pasado 10 de abril una declaración conjunta sobre crisis mayores con su comité de empresa europeo. El texto pretende establecer “principios generales” para todos los establecimientos europeos “con el fin de animarles a desarrollar iniciativas autónomas, respetando las particularidades de cada país, para hacer frente a situaciones de crisis como la de COVID-19 e iniciar una transición gradual hacia la normalidad”. “Se trata de un texto fundamental para nosotros, los representantes de los trabajadores”, explica Carole Bourner, secretaria del Comité de Empresa Europeo, “porque no solamente da garantías en caso de situaciones de emergencia, sino que sienta las bases de nuestra futura negociación para la 'nueva normalidad' del trabajo”. La declaración reconoce que el cambio hacia el teletrabajo y la digitalización ha permitido conciliar mejor el tiempo de vida y de trabajo y, al mismo tiempo, aumentar la productividad y los resultados de la empresa. El texto incluye disposiciones sobre salud y seguridad, formación, conciliación de la vida laboral y familiar y aspectos de diversidad e inclusión con referencia a la declaración conjunta anterior del año 2019. Una de las principales cláusulas se refiere al teletrabajo, que establece el derecho a la desconexión tras la jornada laboral y anima a la dirección local a gestionar los posibles efectos del aislamiento de los trabajadores y el impacto psicológico del teletrabajo. El texto especifica que el comité ejecutivo será informado periódicamente de la implantación y evolución del teletrabajo en los países representados en el comité de empresa europeo.

Comité europeo a nivel filial : La dirección de Hutchinson, filial del grupo energético Total, que fabrica y comercializa productos derivados de la transformación del caucho, convocó por primera vez el pasado miércoles 2 de junio al Grupo Europeo de Información e Intercambio Económico y Social. Se trata de un órgano de representación convencional para los trabajadores europeos de la filial. Su creación estaba prevista durante la negociación del comité de empresa europeo creado por Total en virtud de un acuerdo del 15 de abril de 2020. Este órgano de información y diálogo social dedicado a Hutchinson “es complementario e independiente del comité de empresa europeo de Total y de los órganos nacionales ya existentes en el grupo Hutchinson en Europa. Así, los representantes del grupo Hutchinson en el comité de la sociedad europea del grupo Total seguirán formando parte de él. Este organismo, que cuenta con 15 miembros (de los cuales 4 por Francia, 3 por Polonia y 2 por Alemania), es competente para las cuestiones transnacionales que afecten bien a todo el grupo en su dimensión comunitaria, bien a al menos dos empresas o centros del grupo situados en Estados miembros diferentes. Una de las características originales del acuerdo es que la competencia se amplía a “cuestiones que, independientemente del número de Estados miembros implicados, estén relacionadas con un desarrollo estratégico significativo” decidido por la dirección central, “considerando el alcance de su impacto en el personal europeo más allá del país en cuestión”. Además, se pueden plantear ciertas “cuestiones locales”, con la condición de que “el tema en cuestión pueda influir en la posición europea de Hutchinson sobre la cuestión”.

Riesgos vinculados al uso de la inteligencia artificial : Valerio De Stefano y Simon Taes, en un Foresight Brief del Instituto Sindical Europeo (Etui) titulado “Gestión algorítmica y negociación colectiva” nos alertan colectivamente de la necesidad urgente de ser conscientes de los riesgos, cuyo alcance ni siquiera podemos imaginar, ligados al uso de la gestión algorítmica en el trabajo y, de forma más amplia, de la inteligencia artificial. El estudio incluye numerosos ejemplos del uso de la inteligencia artificial en el trabajo y muestra cómo “la introducción de la inteligencia artificial y de la gestión algorítmica en el lugar de trabajo permite la supervisión ubicua de las actividades y el rendimiento de los trabajadores y desencadena graves riesgos de explotación, discriminación y riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, hasta un punto que incluso a la mayoría de las empresas les resultaría hoy día difícil de contemplar." Pero el papel de los sindicatos está muy descuidado a pesar de todos estos riesgos. Por ejemplo, ya habíamos alertado de que en el proyecto de reglamento sobre inteligencia artificial no se menciona a los agentes sociales (v. IR Notes n° 163). Sin embargo, tal como recuerdan los autores, apoyándose en el artículo 88 del Reglamento general de protección de datos de la UE, “es esencial que los convenios colectivos puedan mitigar los riesgos asociados a la vigilancia y a la toma de decisiones basada en algoritmos". Los convenios pueden garantizar que los intereses de los trabajadores estén representados y poner de relieve la necesidad de salvaguardias esenciales para proteger los derechos laborales fundamentales”. Ante la urgencia de convertirse en parte interesada, los autores invitan a los trabajadores, y más concretamente a los sindicatos en Europa, a reflexionar sobre múltiples cuestiones como: “¿Sabe usted si se está introduciendo la gestión algorítmica en su país y en qué medida? ¿Es usted consciente de los riesgos asociados a estos avances? ¿Cómo pueden los convenios colectivos ofrecer mejores garantías en el contexto de la gestión algorítmica? ¿Qué papel pueden desempeñar los sindicatos en la regulación de la gestión algorítmica?