"Ahora parece muy probable que la experiencia de trabajar desde casa durante la crisis de la COVID-19 conduzca a un incremento del teletrabajo cuando la crisis disminuya", explican los autores del nuevo estudio publicado por la Fundación europea para la mejora de las Condiciones de vida y laborales (Eurofound), basado en más de 87.000 respuestas a un cuestionario en línea. Este importante trabajo es la continuación de un primer estudio publicado en mayo que puso de relieve que el 37 % de las personas que trabajan en la UE se pasaron al teletrabajo a causa de la pandemia (ver Telework). Para muchos (24 %) esta fue la primera vez que trabajaron desde casa (ver IR Notes 142, Es noticia). El nuevo estudio, realizado en julio, justo después de los diversos períodos de confinamiento, incluye un capítulo específico sobre las experiencias de teletrabajo durante la COVID-19. Casi la mitad de los trabajadores del estudio trabajaron desde sus casas al menos una parte del tiempo durante la pandemia. No es sorprendente que quienes trabajaron desde casa fueran, de manera desproporcionada, trabajadores del sector de servicios, con sede en la ciudad, empleados o directivos y con un nivel de educación superior. Entre los teletrabajadores, un tercio declaró trabajar exclusivamente desde casa (más del 50 % en Bélgica y más del 40 % en Irlanda, Italia, España y Francia). Menos de la mitad (47 %) informó de que su empleador proporcionó el equipo necesario para trabajar desde casa, debido a que la transición al trabajo en el hogar fue algo inesperado. Los teletrabajadores informan, con más frecuencia que el conjunto de los trabajadores, de que trabajan durante su tiempo libre, especialmente cuando hay niños en el hogar. También informan de que la mayoría de las veces no hay separación física entre los espacios de trabajo y de vida. Sin embargo, esta experiencia parece haber sido positiva para muchos trabajadores (70 %). Más de las tres cuartas partes de los trabajadores encuestados (78 %) afirmaron que preferían trabajar desde casa al menos ocasionalmente. La frecuencia preferida es varias veces a la semana (32 %), por delante de varias veces al mes (poco más del 20 %). Muy pocos encuestados (13 %) indicaron que les gustaría teletrabajar desde casa a diario. Por último, el estudio señala que el paso a "todo teletrabajo" no es unánime: casi la mitad (45 %) de los encuestados que no habían trabajado desde casa durante la crisis de la COVID-19 indicaron que preferirían no teletrabajar nunca.
> Más información: las conclusiones de este amplio estudio, que también se ocupa del empleo y del riesgo de pobreza o de exclusión, son "sombrías y alarmantes", según Eurofound. Los jóvenes, los desempleados y las mujeres son las categorías que sufren un impacto más desproporcionado en comparación con otras categorías de la población. El 8 % de los encuestados trabajadores han perdido su trabajo desde la crisis de la COVID-19 (13 % de los autónomos).

Revisión de la directiva sobre agentes carcinógenos : El 22 de septiembre, la Comisión Europea presentó una cuarta enmienda a la directiva 2004/37 sobre los agentes carcinógenos y mutágenos, tras las revisiones de diciembre de 2017 (ver IR Notes 89), enero de 2019 (ver IR Notes n° 113) y junio de 2019 (ver IR Notes n° 123). Esta enmienda introduce valores límite para el acrilonitrilo y los compuestos de níquel. Y revisa a la baja el valor límite de benceno.
> Más información: entrevista con Agnes Jongerius en IR Notes 147 ; comunicado de preguntas y respuestas de la Comisión y comunicado de prensa.

Por una Europa antirracista : la Comisión Europea presentó el pasado 18 de septiembre el "Plan de Acción de la UE contra el Racismo 2020-2025" (ver el comunicado de prensa) que fue anunciado por su Presidenta, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el estado de la Unión (ver IR Notas 148). En el marco de este extenso plan, que abarca todas las áreas, la Comisión presentará, en el ámbito del empleo y el trabajo, un informe sobre la aplicación de las directivas 2000/43, relativa a la aplicación de la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y el trabajo (ver Racism and xenophobia; Discrimination on the grounds of racial or ethnic origins). Podrían entonces adoptarse iniciativas legislativas para revisar estos textos antes de 2022. La Comisión acoge con beneplácito las "cartas de la diversidad" adoptadas por las empresas. Está planeando una reunión de alto nivel en mayo de 2021, antes de poner en línea una "caja de herramientas" para las empresas "con el fin de ayudarles a evaluar su diversidad interna y sus estrategias de diversidad sobre la base de encuestas de personal adaptables, un cuestionario descargable y recomendaciones para mejorar la diversidad en su organización basada en los resultados de la evaluación". Además, el próximo "Plan de acción sobre la base de los derechos sociales europeos" se presenta como un instrumento para "mejorar la lucha contra la discriminación en el ámbito del empleo". Con esta acción de la Comisión a favor de una Unión antirracista, la cuestión se impondrá como un tema de diálogo social, incluso a nivel de empresa. Este ya es el caso en Alemania, donde la federación sindical IG BCE ha diseñado recientemente un modelo de acuerdo para que sus miembros celebren acuerdos de empresa relacionados con la lucha contra el racismo (ver IR Notas 146, 2. Estados miembros).

Salario mínimo : el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó un dictamen relativo a los "Salarios mínimos decentes en toda Europa". En el dictamen se pide "un enfoque común a nivel de la UE, con objetivos de acción perfectamente definidos, que los Estados miembros deben alcanzar por diferentes medios, y que aseguren que los interlocutores sociales participen en el proceso". Este enfoque, que se situaría "en el marco de sistemas operativos de negociación colectiva, podría aportar la garantía de los derechos de los trabajadores a una remuneración justa y a la libertad de asociación, así como la consideración de los requisitos de productividad y competitividad de los empleadores".

Deber de vigilancia : en un dictamen exploratorio aprobado el 18 de septiembre, el Comité Económico y Social Europeo afirma que ha llegado el momento de que la Comisión Europea proponga una legislación que establezca un deber de vigilancia vinculante ("deber de asistencia"). Las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con las actividades de las empresas deben tener garantizado el acceso a los tribunales y a las autoridades administrativas, así como a unos procedimientos justos. La futura iniciativa de la UE "debería incorporar una definición amplia de los derechos humanos y medioambientales, incluidos los derechos de los trabajadores y los derechos sindicales". Este deber de vigilancia se aplicaría a todas las empresas (con adaptaciones para las pymes), que estarían obligadas a realizar un análisis de riesgos, establecer medidas de control, verificar su eficacia, comunicar e implicar a "las organizaciones sindicales representadas en la empresa".
> Más información: los suizos están llamados a las urnas el 29 de noviembre en un referéndum sobre la aprobación de la legislación relativa al deber de vigilancia de las multinacionales suizas.

• Inteligencia artificial : La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la inteligencia artificial (IA). En él se pide a la Comisión Europea que presente un nuevo marco jurídico de principios éticos que se utilizarán en el desarrollo, despliegue y utilización de la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas en la UE, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos (ver. Digitisation). El comité pide una IA centrada en el ser humano, hecha por el hombre y controlada por él, que tenga en cuenta la responsabilidad social y medioambiental, así como los derechos fundamentales, incorporando al mismo tiempo garantías contra los prejuicios y la discriminación. La votación plenaria está programada para el 19-22 de octubre (ver comunicado).

• Supervisión del teletrabajo : en una entrevista, el ministro federal de Trabajo Hubertus Heil (SPD) anunció este otoño que se está preparando un proyecto de ley para supervisar el teletrabajo (en casa y móvil) que ofrecerá a los empleados "nuevas libertades, pero que también los protegerá respecto a la completa separación del trabajo y la vida privada".

Una publicación en Facebook puede justificar un despido : el Tribunal de Casación dictó una sentencia el 30 de septiembre que refrenda el despido de una empleada del grupo de confección Petit Bateau, que publicó en abril de 2014 fotos en primicia de la colección primavera-verano 2015 en su página de Facebook, accesible a "sus amigos" (incluidos profesionales de la moda y competencia). En apoyo al procedimiento de despido, el empleador proporcionó como prueba una fotografía tomada de la cuenta de Facebook de la empleada y dirigida a otra empleada de la empresa, "amiga" en Facebook de la empleada despedida. La empleada despedida consideró que esta prueba no era admisible porque la extracción de una publicación de su cuenta privada suponía una invasión de su privacidad. Si bien el Tribunal reconoció la invasión de la intimidad, subrayó que de los artículos 6 y 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se desprende que "la producción de elementos que atenten contra la vida privada del empleado es indispensable para el ejercicio del derecho a la prueba y es proporcionada con el objetivo perseguido, es decir, la defensa del interés legítimo del empleador en la confidencialidad de sus negocios".
> Para más información: sentencia del 30 de septiembre de 2020 del Tribunal de Casación (n°19-12.058) y comentarios de Blandine Allix

• Ampliación del permiso de paternidad: Se espera que el permiso de paternidad se duplique a partir de julio de 2021 (ver comunicado). En la actualidad, el padre tiene derecho a 11 días de permiso por paternidad con un subsidio pagado por la Seguridad Social, además de los tres días de "permiso por nacimiento" previstos en el Código del Trabajo, pagados por el empleador. El objetivo es sumar 14 días, a pagar por la Seguridad Social, para llegar hasta los 28 días, de los cuales siete serían obligatorios. El empleador que impidiera a un empleado tomarse estos siete días podría ser multado con 7.500 euros. Debe producirse una consulta con los interlocutores sociales antes de incorporar esta medida a la ley. Por lo tanto, el sistema evolucionará desde ahora hasta su adopción, sobre todo porque los empleadores demandan flexibilidad, como la posibilidad de dividir las bajas.

• Ampliación de los convenios colectivos : el Tribunal Supremo emitió una decisión en junio por la que se estipula que la legislación vigente no permite a las partes signatarias de un convenio colectivo ampliarlo a todos los empleadores del sector, contrariamente a lo que ha venido siendo la práctica durante años para ampliar los convenios colectivos a los sectores de la salud, del transporte y para fijar el salario mínimo a nivel nacional. En respuesta, el Gobierno tiene previsto modificar la ley y establecer un criterio oficial de representatividad, según el cual, un acuerdo podría ampliarse si los miembros de las organizaciones patronales signatarias emplean en total al menos al 20% de los trabajadores del sector en cuestión. Actualmente no hay previsto ningún criterio para los sindicatos signatarios.

• Permiso de paternidad y libre circulación : en un referéndum celebrado el pasado 27 de septiembre, el pueblo suizo votó a favor de la introducción de un permiso de paternidad de diez días que se disfrutaría en los seis meses siguientes al nacimiento, ya sea en bloque o en forma de días fraccionados. Se compensará con el 80 % del salario (con un máximo de 196 euros por día). También votaron a favor de mantener la libre circulación de trabajadores entre la UE y Suiza y viceversa. En el cantón de Ginebra, los ciudadanos votaron a favor de un salario mínimo de 4186 francos suizos (3880 euros) para aquellos 30000 trabajadores que no se beneficien de los salarios mínimos más altos establecidos por los convenios colectivos.

Incumplimiento del procedimiento de consulta : el tribunal británico encargado de examinar los litigios relativos a los comités de empresa europeos, el Comité Central de Arbitraje (CAC), condenó severamente a la empresa estadounidense Verizon, en una decisión de 9 de octubre, por el incumplimiento de las condiciones de su acuerdo sobre el comité de empresa europeo. Como parte de una reorganización que condujo a la eliminación de 216 puestos en Europa en un total de ocho países, la dirección de Verizon simplemente informó al comité restringido del CE europeo antes del anuncio oficial. Ahora bien, sin embargo, el acuerdo prevé una reunión no sólo informativa, sino también de consulta de un comité restringido ampliado a los representantes de los países afectados que forman parte del comité de empresa europeo(ver Information and consultation) . Al no responder a las peticiones del Secretario del CE europeo de convocar un comité restringido ampliado, la dirección fue condenada por el CAC por no haber respetado el procedimiento y a sufragar los gastos de los abogados en los que incurrió el CE europeo para defender sus intereses. A raíz de esta decisión, el Comité de Empresa europeo inició un nuevo procedimiento ante el Tribunal de Empleo de Londres, que tuvo que decidir si debía imponer una multa a la empresa. En su sentencia, dictada el 1 de octubre, el Tribunal confirmó la condena de la dirección e impuso una multa de 35.000 libras esterlinas más 5.000 libras esterlinas en concepto de costas judiciales. Estas dos decisiones son importantes porque el problema de la financiación de un procedimiento por un Comité de Empresa europeo, que en la gran mayoría de los casos no tiene un presupuesto propio, se plantea regularmente en caso de litigio. Además, subrayan la dificultad de que se reconozca una violación del derecho a la información y a la consulta y la ineficacia de las sanciones. En este caso en concreto, la multa se impuso casi dos años después de los hechos.

• Reestructuración : "La gestión de la crisis provocada por la pandemia de la COVID no debe hacerse a espaldas de los empleados. Necesitamos soluciones inteligentes y no despidos masivos en 2021", advierte el Comité de Empresa de la compañía europea Airbus SE (SE-WC), en una declaración adoptada el 23 de septiembre tras una reunión plenaria. "Salvaguardar los puestos de trabajo debe ser una prioridad absoluta, porque sólo con los empleados puede existir un futuro prometedor después de la crisis", concluyó el Comité en una declaración que plantea varias reivindicaciones destinadas a evitar los despidos forzosos.

• Red sindical : la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) puso en marcha el pasado 15 de septiembre un proyecto de creación de una red sindical europea en dos empresas multinacionales del sector de la salud: el grupo noruego Norlandia (5.750 trabajadores) y el grupo francés Colisée (16.000 trabajadores), especializado en el servicio de acompañamiento y cuidado de las personas mayores. El objetivo es crear una red sindical para posteriormente iniciar las negociaciones para crear un Comité de Empresa europeo.

Promoción del diálogo social : en un momento en que la Comisión Europea reafirma la necesidad de promover el diálogo social y la negociación colectiva, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) publica un estudio destinado a alimentar la reflexión no sólo de la Comisión, sino también de los agentes nacionales que se proponen reforzar el diálogo social. El diálogo social, que sirve "al interés general, […] debería ser apoyado por los poderes públicos". Asimismo, se debería alentar a los interlocutores sociales "en sus esfuerzos por incrementar su número de miembros, su representatividad y su capacidad para negociar y aplicar los acuerdos", subrayan los autores, que también apelan al despliegue de un marco jurídico favorable al diálogo social conjunto (bipartito) a nivel nacional.