La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó las prioridades de la Comisión Europea el pasado 16 de septiembre en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. La Presidenta anunció la aceleración del Pacto Verde con el objetivo de reducir las emisiones para 2030 al menos en un 55% (en lugar del 40%) con el fin de poner a la UE “firmemente en la senda de la neutralidad climática”. Se trata de una ambición que reaviva las demandas de una transición ecológica social al proporcionar más dinero al Fondo de Transición Justa (véase la sección de Actualidad más abajo). Otra de las ambiciones destacadas que se han anunciado es la de “construir una Europa de la salud” con el apoyo del Parlamento Europeo “para compensar los recortes realizados” por el Consejo Europeo (véase Council of the EU). Ursula von der Leyen también mencionó la actualización de la estrategia industrial y la política de competencia de la Unión Europea, así como un nuevo mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras. En cuanto al empleo, recordó la importancia de la reducción de la jornada laboral (véase la definición de Short-time work), que ha beneficiado a 40 millones de europeos, y de la iniciativa Sure, que implica que “dieciséis países recibirán pronto unos 90.000 millones de euros (...) destinados a apoyar a los trabajadores y a las empresas” (véase la initiative SURE). La señora von der Leyen confirmó también la aprobación de “una propuesta legislativa para ayudar a los Estados Miembros a establecer un marco para el salario mínimo”. El objetivo es que todo trabajador tenga “acceso a un salario mínimo, ya sea a través de convenios colectivos, ya sea en el marco de unos salarios mínimos legales”. Sin revelar el esquema de este texto, la Presidenta rebajó la inquietud recordando que es “una firme defensora de la negociación colectiva” y que “la propuesta respetará plenamente las competencias y las tradiciones nacionales”, en particular las de los seis países en los que los salarios mínimos se fijan solamente mediante convenios colectivos (véase el comunicado de la CES). La Comisión pretende establecer “un conjunto de reglas” para la inteligencia artificial “que ponga a las personas en el centro” para que los “algoritmos” no sean “una caja negra”. Por último, Ursula von der Leyen dio una gran importancia en su discurso al respeto por el estado de derecho y a la lucha contra el racismo, anunciando un plan de acción dotado de instrumentos legislativos, y el nombramiento, por primera vez, de un “coordinador” encargado de este tema. La Presidenta quiere reforzar también la lucha contra la discriminación “en ámbitos como el empleo, la vivienda y la asistencia sanitaria” (mediante medidas presupuestarias). Se adoptará una estrategia específica para fortalecer los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, cuyas zonas de exclusión en Polonia se describen como “zonas sin humanidad” que “no tienen cabida en nuestra Unión”.
> Véase también: el comunicado del Parlamento y el discurso íntegro de Ursula von der Leyen.

Fondo para una transición justa : El 16 de septiembre, los eurodiputados adoptaron por amplia mayoría su posición negociadora con el Consejo y la Comisión sobre el futuro Fondo de Transición Justa. Exigieron un aumento significativo de los recursos para el fondo con cargo al presupuesto de la UE 2021-2027 de 25.300 millones de euros en lugar de los 11,2 millones de euros propuestos por la Comisión (véase el comunicado). Por su parte, la federación sindical europea IndustriAll Europe, advierte que el fondo “ya es insuficiente para abordar la descarbonización de las regiones dependientes del carbón”. Si se incluyeran en el mecanismo otros sectores como el automovilístico y las industrias de gran consumo de energía, se produciría una lamentable dispersión del apoyo. (véase el comunicado).

• Reestructuración: La Comisión Europea adoptó el 11 de septiembre una propuesta de decisión para conceder 2 millones de euros a España en el marco del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 500 antiguos trabajadores de sectores afines de la construcción naval en Galicia a encontrar nuevos empleos (véase el comunicado).


• Integración de inmigrantes y refugiados: La  Comisión, los sindicatos, las cámaras de comercio y las organizaciones patronales adoptaron el 7 de septiembre una declaración conjunta para renovar su cooperación con vistas a reforzar la integración de los inmigrantes y refugiados en el mercado laboral (véase el comunicado).

Posible cuestionamiento del monopolio de los estibadores : El Abogado General del Tribunal de Justicia (véase Advocate general of the CJEU) presentó el pasado 10 de septiembre las conclusiones de dos asuntos belgas que causarán revuelo en los puertos europeos y entre los estibadores (TJUE, concl., 10 de septiembre 2020, asuntos C–407/19 y C–471/19). “Los puertos no son un espacio al margen de la ley”, advierte (punto 6). Si el Tribunal sigue sus recomendaciones, “la sentencia podría tener un grave impacto en el sector portuario belga, representando una amenaza para la seguridad de los estibadores belgas y su protección social”, afirma la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) (véase la declaración).

• Proyecto de ley para ampliar el trabajo a jornada reducida : El 16 de septiembre, el gabinete federal aprobó un proyecto de ley sobre la protección del empleo tras la pandemia COVID 19 así como dos proyectos de ordenanza para ampliar el plan de trabajo a jornada reducida para todo el año 2021. Los textos entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.
  > Para saber más: Comunicado del Ministerio Federal de Trabajo.

Acuerdo para ampliar el trabajo a jornada reducida : Para seguir apoyando a las empresas y a los trabajadores en el contexto de la crisis de Covid-19, los agentes sociales llegaron a un acuerdo el pasado 14 de septiembre, en particular para prorrogar el convenio colectivo de trabajo (CCT) relativo al régimen de “desempleo económico” y el “régimen transitorio corona” hasta finales de 2021 (véase el comunicado de prensa de la FEB y el comunicado de prensa del sindicato FGTB). El acuerdo prevé una nueva congelación de la disminución de las prestaciones de desempleo e integración.
> Para saber más: Artículo publicado en el diario Écho (14 de septiembre).

• Nuevo régimen de trabajo a jornada reducida : Tras consultar con los agentes sociales sobre la forma de utilizar los fondos europeos facilitados por el programa Sure para financiar las modalidades de trabajo a jornada reducida, el gobierno croata aprobó un nuevo plan, en vigor del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. El plan se aplica a las empresas de todos los sectores con diez trabajadores o más cuyo volumen de negocios haya disminuido al menos un 20% en un mes en comparación con el mes comparable de 2019.
  > Para saber más: Nota de nuestro corresponsal Predrag Bejakovic (en inglés).

• Protocolo nacional Covid-19 : El 17 de septiembre, el Ministerio de Trabajo publicó una actualización del “protocolo nacional para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores de las empresas frente a la epidemia de COVID-19”, así como una serie de “preguntas y respuestas” para definir claramente, en particular, el uso de las mascarillas o la opción del teletrabajo.

Cuestionamiento del salario garantizado : La Ministra de Finanzas checa Alena Schillerová quiere abolir el salario legal garantizado a partir de enero de 2021 (véase el artículo 112 del Código del Trabajo). Este “salario garantizado” establece el salario más bajo para un trabajo en función de su complejidad, responsabilidad y la dificultad de la labor realizada. El salario se aplica a todos los trabajadores con la excepción de aquellos cuyos salarios se negocian en un convenio colectivo. El salario garantizado está dividido en ocho niveles y el nivel más bajo no es inferior al salario mínimo legal. Por otra parte, el salario mínimo, que actualmente asciende a 14.600 coronas (550 euros), podría aumentar significativamente el próximo año. En respuesta a este plan, los comunistas han amenazado con dejar de apoyar al gobierno. Los sindicatos no están de acuerdo con la propuesta, mientras que los empresarios la acogen con agrado. El plan se discutirá en la próxima reunión tripartita.

Revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos y la democracia en el trabajo : Con motivo de su conferencia anual sobre los comités de empresa europeos los pasados 9 y 10 de septiembre, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) lanzó una ofensiva para reforzar la democracia en el trabajo y obtener la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. La CES cree que se está beneficiando de una situación positiva: 1) La Comisión Europea parece más favorable al diálogo social que las anteriores. 2) El Consejo está actualmente presidido por Alemania, cuyo Ministro de Trabajo, Hubertus Heil (SPD), tiene la intención de ocuparse de este tema, en relación con la próxima presidencia portuguesa de la UE, representada por uno de los pocos gobiernos de izquierda en Europa. 3) El Parlamento Europeo es proactivo en esta cuestión, ya que ha decidido iniciar los trabajos para la adopción de dos informes de iniciativa, confiados a los pesos pesados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Uno de estos informes se centrará en  la revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos (Dennis Radtke, PPE). El otro se centrará más ampliamente en la democracia en el trabajo para reforzar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones (Gabriele Bischoff, S&D). 4) La reciente sucesión de anuncios de reestructuración relacionados con la crisis de Covid-19 parece dejar poco margen para la consulta, tal como señaló Livia Spera, secretaria general de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), denunciando las numerosas empresas que se aprovechan de la crisis para rebajar las condiciones de trabajo y que no respetan los derechos al diálogo social y a la consulta y citó a British Airways, Aer Lingus, P&O Ferries, Avia Partner, Swissport y a EasyJet (véase el comunicado de la ETF). La sucesión de anuncios de cierre, como el de Bridgestone en Francia (830 trabajadores) o el de Continental en Alemania (1.800 trabajadores), aumentará la presión sobre la Comisión para que actúe. En este contexto, Isabelle Schömann, secretaria confederal de la CES, está bien situada para hacer oír sus demandas. Aunque no será fácil, ya solamente queda convencer a los Estados miembros. En su intervención en la conferencia, Nicolas Schmit indicó que, a petición de la CES y del Parlamento Europeo, el tema será objeto de un intercambio de opiniones en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de diciembre. Se trata de un primer (pequeño) paso. Por último, al igual que en la crisis de 2008, las organizaciones patronales insistirán en que no tiene sentido aumentar la carga de las empresas y ralentizar su proceso de toma de decisiones en un momento en el que se enfrentan a la peor crisis económica de su historia.

Litigio ante la falta de consulta : El 10 de septiembre, el comité de empresa europeo del grupo de telecomunicaciones Verizon pidió al Tribunal de Empleo de Londres que ordenara a la dirección del grupo el pago de una multa por no haber consultado a su comité de empresa europeo. El comité había ganado el caso ante el Comité Central de Arbitraje (CAC), que dictaminó que la dirección no había respetado los derechos de información y consulta del comité y ordenó a Verizon que pagara las costas legales del comité (véase IR Notes n° 128, 3. Empresas). Sin embargo, como el CAC no tenía la facultad de imponer sanciones financieras, el comité de empresa tuvo que personarse ante el tribunal laboral para obtener una sanción. Se espera una decisión en breve.

Trois CE européens face à une fusion : Dans le bras de fer qui s’annonce entre les deux groupes français Suez et Veolia, la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP), en tant que représentante des travailleurs de Veolia, Suez et Engie (qui détient une partie du capital de Suez), note que la fusion « ne découle pas de la nécessité de créer plus d’emplois, ni de garantir que les travailleurs actuels reçoivent un salaire plus élevé et de meilleures conditions » (v. communiqué). Si le CE européen de Veolia fait dans un premier temps profil bas, celui de Suez, conjointement avec le comité de groupe France, a fait part de sa « totale opposition » au projet de fusion (v. communiqué) et a appelé l’ensemble des salariés en France, en Europe et à l’international à observer un débrayage de deux heures, le 8 septembre (v. communiqué). Tandis que le CE européen d’Engie a publié une déclaration pour affirmer son opposition à la nouv"ddelle stratégie de la direction qui a annoncé de « cessions de ses participations dans différentes sociétés », dont Veolia. Les membres « redoutent un éclatement des activités à moyen terme qui remettrait en cause l’intégrité actuelle et aurait de lourdes conséquences sur l’emploi. »