El pasado 10 de septiembre, Eurofound publicó un informe comparativo sobre el burnout (síndrome de agotamiento profesional) en la UE. Los investigadores, que han constatado que se trata de un asunto muy popular en la prensa y es objeto cada vez de más estudios a nivel nacional, han reflexionado por primera vez sobre este concepto de «burnout» con el fin de examinar si se trata de un síndrome generalizado, reconocido o no como enfermedad profesional, y de indagar en sus causas. En el informe se destaca la dificultad de adoptar un enfoque comparado sobre este asunto. En primer lugar, la definición del término burnout, cuando se utiliza tal cual, varía de un país a otro: algunos lo definen como un trastorno o una enfermedad, otros, más escasos, directamente como una enfermedad profesional. La frecuencia del burnout varía también en función de la metodología de los estudios: es más frecuente en las encuestas basadas en declaraciones de personas individuales, que en las encuestas procedentes de diagnósticos médicos. Por lo tanto, no se dispone de datos armonizados ni es posible comparar la situación de los europeos frente a este fenómeno. No obstante, los estudios nacionales efectuados confirman la generalización del fenómeno y su progresión. Dichos estudios confirman las principales causas, como la exposición a riesgos psicosociales, vinculados a una carga de trabajo considerable, las largas jornadas de trabajo y las horas extraordinarias. En el estudio se exponen asimismo los recientes desarrollos por lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales y los interlocutores sociales. El informe constituye un valioso recurso no solo para los responsables políticos, sino también para los interlocutores sociales que trabajan en este asunto tanto a nivel nacional, incluso europeo, y de sectores, como de las empresas transnacionales en la lucha contra este fenómeno. El documento proporciona un enfoque común y facilita ejemplos útiles de prácticas puestas en marcha por las autoridades nacionales o los interlocutores sociales.

• Paquete legislativo en el ámbito del Derecho de sociedades: la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se moviliza para modificar las propuestas de directiva presentadas por la Comisión Europea, el 25 de abril, relativas a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas y la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (véase el comunicado de prensa de la Comisión). En una resolución aprobada en junio, la CES deplora las lagunas de estos textos. En este sentido, hace campaña en favor de una mayor democracia en el lugar de trabajo y está a favor de un llamamiento europeo en este sentido. Se organizará una acción el próximo 10 de octubre ante el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Despidos colectivos: la Directiva 92/56 de 24 de junio de 1992 relativa a los despidos colectivos obliga a los empresarios a consultar a los trabajadores cuando prevén despidos colectivos. Dicha obligación se aplica «con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control sobre él». Interrogado de nuevo sobre este concepto de «empresa que ejerza el control sobre él», el Tribunal de Justicia considera que este control no se deriva únicamente de vínculos de capital que garantizan un control del empresario como la posesión de la mayoría del capital o de los derechos de voto (TJUE, 7 de agosto de 2018, asunto C‑61/17, C‑62/17 y C‑72/17, Bichat). «Procede considerar», añade el Tribunal, «las situaciones en las que una empresa, aunque no sea titular de la mayoría de los votos […], puede ejercer una influencia determinante […], que se expresa en los resultados de las votaciones en los órganos societarios, y ello, en particular, debido a la dispersión del capital social del empresario, a un grado de participación relativamente bajo de los accionistas en las juntas o a la existencia de pactos entre socios en el seno del empresario. »

• Nueva reforma en materia social y de empleo. El 7 de septiembre se publicó la ley por la libertad de elegir su futuro profesional, aprobada por el Parlamento el 1 de agosto. Este importante texto, que reforma en profundidad en particular los sistemas de formación profesional y de formación en alternancia, anuncia una nueva reforma del seguro de desempleo, crea una obligación de resultado en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres y refuerza la lucha contra la violencia sexual y sexista, así como contra el fraude en el desplazamiento de los trabajadores.

Consecuencias de un Brexit sin acuerdo: el gobierno británico publicó el pasado 23 de agosto una guía sobre las consecuencias de un Brexit sin acuerdo con la UE sobre la legislación social. Si bien debería mantenerse la mayoría de la legislación que incorpora las directivas europeas, en la guía se subraya que el marco de los comités de empresa europeos debería ser objeto de un acuerdo de reciprocidad con la UE. En caso de Brexit sin acuerdo, la legislación británica se modificará de modo que: 1° no se pueda aceptar ninguna solicitud de creación de un Comité de Empresa Europeo; 2° las disposiciones relativas al funcionamiento de los Comités de Empresa Europeos existentes sigan vigentes; 3° las solicitudes de información o constitución de un Comité de Empresa Europeo efectuadas antes de la salida de la UE puedan tratarse incluso después dicha salida.

• Renovación de acuerdo: la dirección de grupo Solvay (12 000 trabajadores en la UE) y los miembros del Comité de Empresa Europeo firmaron el pasado 20 de junio un acuerdo de renovación del Comité de Empresa Europeo que consolida su funcionamiento y ajusta sus efectivos. Dos veces al año, la secretaría del Comité se ampliará a otros cuatro miembros del Comité con un orden del día específico que abarque varios temas como (…) el desarrollo sostenible, la higiene, el medio ambiente y la digitalización.

• Acuerdo sobre una instancia mundial: creado en 2015 de forma informal dentro del grupo Solvay, el Solvay Global Forum (SGF) ha sido objeto de un acuerdo firmado el 7 de junio. La instancia, que representa a los 30 000 trabajadores del grupo, se compone de ocho representantes sindicales: cuatro miembros provenientes de la secretaría del Comité de Empresa Europeo y cuatro trabajadores activos en Estados Unidos, Brasil, China y Corea. La federación sindical internacional IndustriAll está invitada a respaldar el proceso de nombramiento consultando a sus afiliados. El SGF puede firmar acuerdos colectivos sobre cuestiones transnacionales.

Salud y seguridad en el trabajo: la dirección de DS Smith, uno de los líderes europeos del sector del embalaje (27 000 trabajadores presentes en 37 países), firmó el pasado 10 de julio un acuerdo sobre la exposición de los trabajadores al «estrés térmico» con su Comité de Empresa Europeo. El acuerdo tiene por objeto lograr «una comprensión común» de los problemas vinculados con el estrés térmico. El texto preconiza una evaluación de los riesgos en todos los lugares de trabajo con el fin de tener en cuenta los riesgos para la salud creados por el entorno de trabajo examinando las situaciones de trabajo expuestas al calor y (en su caso) al frío. Al término de la evaluación, los lugares de trabajo deberán adoptar las medidas necesarias para reducir, atenuar o eliminar los riesgos de daños graves.

• Derechos sociales fundamentales: el fabricante de ropa y artículos de moda Esprit y la federación sindical internacional IndustriAll Global Union firmaron, el pasado 30 de abril, un acuerdo marco internacional sobre el respeto de los derechos sociales fundamentales aplicables a la cadena de suministro de Esprit, que representa a 525 000 trabajadores ante 1 100 proveedores situados en 27 países (véase el comunicado de prensa).
  > En pocas palabras: el banco francés BNP Paribas firmará oficialmente, el 18 de septiembre, un acuerdo marco mundial.