En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado los pasados días 21 y 22 de junio, los ministros de trabajo llegaron a un acuerdo sobre tres propuestas de directiva en el ámbito social: la revisión de las normativas relativas a la coordinación de los sistemas de seguridad social (véase el comunicado del Consejo), una nueva directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (véase el comunicado del Consejo) y una directiva relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles (véase el comunicado del Consejo). Ahora, una vez que el propio Parlamento Europeo adopte su posición sobre estos textos, las dos instituciones y la Comisión empezarán las negociaciones para adoptar estas tres directivas en primera lectura y antes de que finalice el mandato del Parlamento, que culmina con las elecciones europeas del próximo mes de junio de 2019. No será fácil alcanzar un compromiso entre un Parlamento que pretende mejorar las propuestas de directiva presentadas por la Comisión frente a un Consejo que acaba de reducir sus ambiciones. En lo que respecta a la propuesta de directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (véase IR Notes), se ha introducido en particular un permiso de paternidad de al menos diez días, un permiso para el cuidador de cinco días al año en caso de enfermedad de un pariente directo o un permiso parental, con una remuneración mínima de un mes y medio. Algo demasiado generoso en opinión del Consejo, que quiere dejar que sean los propios Estados quienes fijen la duración del permiso de los cuidadores y la cuantía que se vaya a pagar por estas prestaciones. En cuanto a la propuesta de directiva “relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea” (véase IR Notes 89), el texto obliga al empresario a informar al trabajador sobre las condiciones aplicables al contrato o la relación laboral desde el primer día de trabajo y no en un plazo de dos meses, tal como prevé la actual directiva 91/533. Además, la propuesta hace extensiva esta obligación a todos los trabajadores en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Consejo ha reducido las ambiciones de la propuesta sobre el momento en que debe facilitarse la información al trabajador: una cierta cantidad de información esencial debe facilitarse por escrito en el plazo de una semana tras el inicio de la relación laboral y no desde el primer día. El resto de la información, que en principio es menos esencial, se deberá entregar como máximo un mes después del inicio de la relación laboral. La propuesta ya no parece incorporar la definición de trabajador adoptada por el Tribunal de Justicia y hace referencia a la definición nacional de trabajador con contrato de trabajo o una relación laboral tal como se define en la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro. Al privar parcialmente de su sustancia a las dos propuestas de directiva, los ministros europeos de trabajo ponen de relieve de forma indirecta la fragilidad del pilar europeo de los derechos sociales (véase IR Notes 74, Es noticia) cuya ejecución depende exclusivamente de la buena voluntad de los Estados miembros o, dicho de otra manera, es un pilar levantado sobre la arena.

Reacciones a las posiciones del Consejo sobre las dos directivas sociales (véase En portada): Varios eurodiputados han lamentado la posición del Consejo. “Se trata de un paso en la buena dirección”, pero en opinión de Agnes Jongerius, eurodiputada y portavoz del grupo S&D para el empleo y los asuntos sociales, “no deja de ser vergonzoso que casi todas las cuestiones fundamentales, incluido el público destinatario de los derechos y deberes estipulados por esta directiva, queden a la discreción de los Estados miembros”. La eurodiputada lamenta también que se deje en manos de los Estados miembros el pago de las prestaciones por paternidad o por el cuidado de las personas, privando así a la Unión Europea de una disposición armonizada (véase el comunicado). La eurodiputada Elisabeth Morin-Chartier (PPE) calificó la posición del Consejo como "muy decepcionante" y expresó su deseo de que el texto aprobado por el Parlamento sea "mejor". Ni siquiera la Comisión Europea oculta su decepción. Marianne Thyssen, comisaria europea encargada del expediente, reconoce que había "abogado por un enfoque más ambicioso" en relación con la directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles (véase el comunicado). En cuanto a la directiva sobre la conciliación, la eurodiputada espera tener éxito con el Parlamento "para cambiar la situación de muchas parejas y familias que se enfrentan a este reto". En opinión del Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, “la adopción de una orientación general sobre las dos directivas es una buena señal" y lamenta también que el texto haya salido debilitado (véase el comunicado). Se trata de una posición que no comparte la organización de la patronal europea BusinessEurope, que apoya la opción "más realista" de dejar las cuestiones sobre el nivel de compensación de vacaciones y la definición del trabajador a los Estados miembros (véase el comunicado).

• Brexit: La preocupación de los agentes sociales es cada vez mayor ante la lentitud de las negociaciones sobre el Brexit que sacarán al Reino Unido de la UE a partir de marzo de 2019. La organización patronal europea de la metalurgia (CEEMET) ha solicitado que se prolongue el periodo de transición en un comunicado. Por su parte, los interlocutores sociales europeos y británicos han aprobado por primera vez en su historia una declaración conjunta en la que invitan a los negociadores del Brexit a que les consulten para buscar soluciones prácticas (véanse los comunicados BusinessEurope y CES).

• Metalurgia: El pasado 27 de junio, los agentes sociales europeos del sector metalúrgico (IndustriAll Europe y CEEMET) firmaron un compromiso a favor del aprendizaje uniéndose así a la Alianza Europea para la Formación de Aprendices (véase el comunicado de IndustriAll y CEEMET).


• Transporte marítimo: Los agentes sociales del transporte marítimo (ECSA y ETF) decidieron el 26 de junio trabajar juntos para aumentar la proporción de mujeres en el empleo (solamente representan el 2% de la mano de obra) (véase el comunicado de la ETF)

Se debe garantizar el pago de una indemnización ante la negativa a modificar un contrato de trabajo: A una empleada española se le ofreció una reclasificación por razones económicas en unas instalaciones situadas a más de 450 km de su domicilio. La trabajadora rechazó el traslado y, de conformidad con el artículo 40 del estatuto de los trabajadores, optó por rescindir su contrato de trabajo con la aprobación del empleador. Este tenía que pagar más de 7.000 euros en compensación y tras un primer pago parcial, puso en marcha un proceso de insolvencia. Cuando se pidió el pago del resto de la cantidad, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se negó a hacerse cargo de la reclamación salarial ya que la indemnización tenía su origen en la rescisión del contrato de trabajo a petición de la trabajadora y, por lo tanto, no estaba garantizada. El Tribunal de Justicia ha determinado que el primer párrafo del artículo 3 de la directiva 2008/94 de 22 de octubre de 2008 relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador “debe interpretarse en el sentido de que cuando, según la normativa nacional de que se trate, determinadas indemnizaciones legales debidas por la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y las debidas en caso de despido por causas objetivas, como las contempladas por el órgano jurisdiccional remitente, estén comprendidas en el concepto de «indemnizaciones debidas al término de la relación laboral» en el sentido de la referida disposición, las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario, traslado que obliga al trabajador a cambiar su lugar de residencia, también deben incluirse en dicho concepto. (Véase TJUE, 28 de junio de 2018, asunto C-56/17, Checa Honrado).

• Cambio de sexo y pensión de jubilación: El Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia (TJUE, 26 de junio de 2018, asunto C-451/16) en la que se declara que las personas que cambien de sexo no pueden ser obligadas a anular un matrimonio anterior al cambio de sexo para tener derecho a una pensión de jubilación a la edad prevista para las personas del sexo que hubiera adquirido (véase el comunicado).

Prevención del desgaste profesional: El Consejo de Ministros aprobó el 15 de junio un proyecto de Real Decreto sobre proyectos de prevención primaria contra el desgaste profesional (burn-out) (véase el comunicado) previsto en el acuerdo interprofesional 2017-2018. De esta manera, una empresa del sector privado o de una rama profesional podrá solicitar una subvención para apoyar proyectos piloto que desarrollen un enfoque integrado y multidisciplinar para la prevención primaria de los riesgos psicosociales y, en particular, del desgaste profesional (véase el comunicado).

• Nuevos convenios colectivos dentro del sector financiero: Los tres sindicatos Aleba, OGBL y LCGB y la organización patronal ACA firmaron el pasado 28 de mayo el nuevo convenio colectivo de trabajo de las compañías de seguros 2018-2020 (véase el comunicado). Poco antes, el día 9 de mayo, los agentes sociales del sector bancario -los mismos sindicatos y la organización patronal ABBL- llegaron a un acuerdo de principio sobre la renovación del convenio colectivo para los bancos (véase el comunicado de ABBL y el comunicado de Aleba).
  
  > Otras noticias: A partir de ahora, en la página web de IR Share publicaremos el Informe rápido mensual preparado por la Comisión Europea y por el Centro Europeo Experto a partir de los informes nacionales preparados por su red de expertos. El documento contiene una actualización muy completa de la evolución del derecho laboral y de la jurisprudencia en los Estados miembros.

ArcelorMittal: En el marco del actual proceso de información y consulta organizado en el marco de la adquisición de la empresa siderúrgica italiana Ilva por parte del grupo ArcelorMittal, el comité de empresa europeo de este último emitió un primer dictamen el pasado 29 de junio. El dictamen es desfavorable a la adquisición por el momento, pero podría acabar siendo positivo si la dirección 1) propone "garantías de futuro para las fábricas y los trabajadores que deben abandonar el grupo y para los que deben permanecer en el mismo"; 2) garantiza por acuerdo “una buena integración de Ilva y de sus trabajadores en el grupo” y 3) renueva “un diálogo social que proporcione información de calidad y transparente y que proporcione a los representantes del comité de empresa europeo el marco necesario para ello. Este objetivo debe quedar garantizado”. El dictamen añade que el proceso será apoyado con estas condiciones. El texto del dictamen es ciertamente crítico con la dirección, pero las principales flechas apuntan directamente a la Comisión Europea, a la que se acusa de "negar la socialdemocracia y el respeto a los órganos europeos de ArcelorMittal".

• Korian: El grupo especial de negociación para la creación de un comité de empresa europeo en el seno del grupo francés Korian (49.000 empleados), uno de los líderes europeos en materia de residencias de ancianos, se reunió por primera vez los pasados 25 y 26 de junio y siguió un curso de formación organizado por el Instituto Sindical Europeo (véase el comunicado).


• Siemens: El comité de empresa europeo del grupo Siemens celebró su reunión anual los días 23 y 24 de mayo en Bratislava (Eslovaquia). El comité se dedicó en gran medida al proceso de fusión entre la división de Siemens Mobility y el grupo Alstom. Los miembros del comité de empresa europeo de Siemens debatieron la posibilidad de delegar ciertos derechos de información y consulta a los sub-comités de empresa europeos, por ejemplo, para cubrir las actividades de transporte. Los tres representantes del comité de empresa europeo de Alstom invitados a la reunión, con el apoyo unánime del comité de empresa europeo de Siemens, solicitaron una garantía de empleo para todos los trabajadores europeos, tal como ya obtuvieron por acuerdo los trabajadores alemanes y franceses (véase el acta).


• Tata Steel: Los miembros del comité de empresa europeo de la siderúrgica india Tata Steel declararon el 11 de junio que "todavía no estaban convencidos" de que la fusión prevista "con Thyssenkrupp redunde en beneficio de las operaciones de Tata Steel Europe o de los empleados que representamos" (véase el despacho de la agencia Reuters).

• Evotec: El proveedor alemán de investigación farmacéutica Evotec creará una comisión negociadora especial para negociar un acuerdo sobre la participación de los trabajadores en su transformación en sociedad europea.

• Caterpillar: La red sindical mundial creada por IndustriAll Global Union se reunió los pasados 25 y 26 de junio en Sagamihara (Japón) en unas instalaciones en pleno proceso de cierre (véase el comunicado).


• Coca-Cola: La red sindical creada por la federación sindical europea Effat para las actividades de Coca-Cola en Europa se reunió el pasado 19 de junio en Hamburgo para examinar los procesos de reestructuración en curso, las negociaciones sobre el comité de empresa europeo de Coca-Cola European Partners y los resultados de un estudio comparativo realizado por Effat en el que se analizan los distintos convenios colectivos de aplicación para las actividades de Coca-Cola en la UE (véase el comunicado).

Evaluación del empleo en el seno de las plataformas digitales: El pasado 27 de junio la Comisión Europea publicó un informe sobre los trabajadores de plataformas digitales dentro de la UE. El informe se ha preparado sobre la base de un sondeo realizado a 32.000 personas en 14 Estados miembros. Según este informe, uno de cada diez adultos ya ha recurrido a las plataformas en línea al menos una vez para prestar algún servicio. Aunque para la mayoría sigue siendo una fuente esporádica de ingresos secundarios, el 2% de la población adulta trabaja más de 20 horas semanales o gana al menos la mitad de sus ingresos a través de plataformas de trabajo en la red. De los países incluidos en el estudio, el Reino Unido es el que cuenta con la mayor proporción de personas que trabajan principalmente por medio de las plataformas digitales (4,3%), seguido de los Países Bajos (2,9%) y Alemania (2,5%). En el extremo opuesto del espectro nos encontramos con Finlandia (0,6%), Rumanía (0,8%) y Eslovaquia (0,9%).

• Consecuencias para el empleo del desarrollo del coche eléctrico: A petición del sindicato IG Metall y de los principales fabricantes alemanes de automóviles y equipos, el Instituto Fraunhofer (véase el comunicado) ha realizado un estudio sobre el impacto sobre el empleo de la electrificación en la fabricación de grupos motopropulsores (véase el comunicado de prensa de IndustriAll). El estudio desarrolla tres escenarios que establecen el impacto que pudiera tener sobre el empleo la descarbonización de la industria automotriz. Si extrapolamos las cifras al ámbito europeo, el primer escenario equivale aproximadamente a las propuestas actuales de la Comisión y "67.000 trabajadores corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo", subraya IndustriAll. En los otros dos escenarios, el número de empleos en riesgo es de 108.000 y 210.000 respectivamente.


• La directiva sobre el desplazamiento da la espalda a una competitividad basada en los bajos costes salariales: Esta nueva directiva supone "un cambio radical con respecto al enfoque anterior", según destaca el Instituto Sindical Europeo en un Desglose de políticas sobre la adopción de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores. "El periplo para llegar a un acuerdo ha sido complejo, pero el resultado es impresionante", afirman los autores, para los que la directiva (cuyas principales medidas son la igualdad salarial y la posibilidad de aplicar convenios colectivos no ampliados) "cambia radicalmente las normas" al poner fin a la competencia salarial dentro de la UE.