La tradición en la prensa dicta celebrar los números de las publicaciones que alcanzan una cifra redonda. Así que aquí está su boletín IR Notes, creado en 2014, con el que "celebramos" nuestro número 100. ¡Hemos ganado la apuesta por hacer accesible la información social europea a los agentes del diálogo social y, en particular, a las empresas transnacionales! Cada 15 días IR Notes informa y forma a más de 1.000 lectores de toda la Unión Europea.

El objetivo de IR Notes es proporcionar una vigilancia social europea sintética y pedagógica para facilitar los intercambios sobre las prácticas europeas en temas sociales y lo hacemos en inglés, alemán, español, francés e italiano (desde principios de 2018). Nuestro propósito con IR Notes es aportar una herramienta para dar vida concreta a la Europa social, la cual se construye a través de sus agentes de todos los niveles.

Un equipo de expertos en relaciones sociales de los Estados Miembros de la UE redacta cada uno de los números de IR Notes. La coordinación corre a cargo de Frédéric Turlan, jurista experto en derecho laboral y de formación con más de 20 años de experiencia en el sector del derecho social y de las relaciones sociales en Europa. Frédéric Turlan se encarga de descifrar la información esencial a la vez que se esfuerza por hacerla comprensible para un amplio público. El boletín es traducido por traductores profesionales: la agencia Bendavides (inglés y alemán), CIT (español) y Rosanna Gasbarro (italiano).

La publicación de IR Notes corre a cargo de IR Share, empresa privada completamente independiente, que no tiene vínculos con organizaciones patronales o sindicales, ni con ningún grupo político, think tank o empresa comercial que pueda ofrecer productos o servicios a los lectores de IR Notes. IR Notes depende únicamente de los recursos proporcionados por las suscripciones. Esta independencia garantiza que la información se destine única y exclusivamente a favorecer el diálogo social y la innovación social.

Con su suscripción a IR Notes, usted hace más que comprar un simple producto. Por medio de IR Notes, queremos facilitar el intercambio de ideas entre personas interesadas en las prácticas sociales europeas y más allá de cualquier división política, sindical o lingüística. Cada suscripción colectiva incluye todos los idiomas. Al suscribirse, usted nos permite ofrecer a todos una herramienta de seguimiento social a un precio razonable y dar un paso más hacia la incorporación de nuevos idiomas. IR Notes es una herramienta participativa en la que todos los lectores pueden contribuir enviando información a la redacción (frederic.t@irshare.eu) o depositando documentos (acuerdos...) en el sitio web de IR Share.

Queremos integrar los idiomas de los países de Europa del Este, pero cada idioma representa una traducción adicional y, por tanto, un coste muy importante debido al irreprochable nivel de calidad exigido. Nos gustaría también ofrecer más entrevistas y estamos considerando otras presentaciones, especialmente a través de vídeos o con la creación de una publicación. Su opinión nos interesa y le rogamos que nos envíe todas sus sugerencias (frederic.t@irshare.eu).

IR Notes se vende exclusivamente mediante suscripción, ya sea individualmente en la página web de IR Share, o como parte de una suscripción colectiva suscrita, por ejemplo, por la dirección de una empresa o por un comité de empresa europeo para sus miembros.

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Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), habrá recibido muchos mensajes sobre el respeto de sus datos personales. Nosotros vamos a utilizar este número 100 para informarle sobre cómo recopilamos y procesamos sus datos personales en IR Share (consulte la columna de la izquierda).

• Hacia un refuerzo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: En el marco del proyecto de presupuesto de la UE 2021-2027, la Comisión Europea postuló en una propuesta de reglamento del 30 de mayo mantener el Fondo europeo de Adaptación a la Globalización que permite liberar fondos europeos para financiar ayudas para la reincorporación al trabajo de los trabajadores que han sufrido despidos colectivos de gran envergadura (más de 500 despidos colectivos). El fondo ha tardado unos diez años en consumir el equivalente a un año de su línea presupuestaria de 500 millones de euros y es objeto de numerosos debates. El fondo no solamente se mantendría, sino que se ampliaría a todas las reestructuraciones (sin tener que demostrar el vínculo con la "globalización" o con la "crisis") y a las reestructuraciones que afecten al menos a 250 empleados (en lugar de 500) de una empresa, una cadena de empresas (el principal y sus subcontratistas) o un sector de actividad. A pesar de esta ampliación, el presupuesto anual que puede ser utilizado por el Fondo se reduce de 500 a 200 millones de euros. A título comparativo, para los años 2015 y 2016, se recurrió al Fondo por un importe de 51 millones de euros, lejos del límite máximo propuesto.

• Contratos de duración determinada: El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en dos asuntos españoles relativos a contratos de duración determinada específicos (Asunto C-574/16 y C-677/16). El primero permite contratar a un trabajador temporalmente para el puesto de trabajo durante el procedimiento de contratación o de ascenso de otro empleado (contrato de interinidad). El segundo permite cubrir el tiempo de trabajo dejado vacante por un empleado con una jubilación parcial (contrato de relevo). Tras la rescisión de su contrato, los empleados impugnaron el hecho de no recibir una indemnización por rescisión o de recibir una indemnización inferior a la correspondiente a un trabajador empleado por un período indefinido cuando se rescindió su contrato de trabajo por una razón objetiva. En opinión del Tribunal, esta diferencia de trato no entra en conflicto con la legislación de la Unión sobre el trabajo de duración determinada.

Los funcionarios no tienen derecho a huelga: El pasado 12 de junio, el Tribunal Constitucional alemán (Bundesverfassungsgericht) dictó una sentencia en la que se niega a reconocer el derecho de los funcionarios y, en este caso, de los docentes, a la huelga (véase el comunicado). El Tribunal invoca una especificidad de la democracia alemana con esta sentencia, que es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
> Véase también el artículo del periódico Süddeutsche Zeitung del profesor Alain Supiot.

• Una carta para proteger a los trabajadores de la gig-economy: Durante el examen de un proyecto de ley, los diputados han presentado una enmienda con el apoyo del gobierno para atender las necesidades de protección de los trabajadores de plataformas y de seguridad jurídica para las empresas. Estas empresas podrían establecer una carta en la que se definieran los "derechos y obligaciones" de la plataforma, así como los de los trabajadores con los que estuviera relacionada la plataforma. Esta carta debería garantizar "el carácter no exclusivo de la relación entre el trabajador y la plataforma", proporcionar a los trabajadores una "remuneración digna", incorporar "medidas de prevención de los riesgos laborales" y "garantías de aplicación en caso de finalización de la relación contractual". La aplicación de esta carta permitiría a las empresas no exponerse al riesgo de reclasificar las relaciones contractuales como contratos de trabajo.

Un tribunal dictamina que los repartidores de comida son trabajadores autónomos: El tribunal de Turín dictó sentencia el 7 de mayo de 2018 exponiendo los motivos por los que desestimó la reclamación de seis ciclistas repartidores de comidas a domicilio en el marco de un recurso interpuesto contra el grupo alemán Foodora en el que solicitaban el reconocimiento de su condición de trabajadores por cuenta ajena. En este caso, la empresa interrumpió la relación laboral de los repartidores tras impugnar una modificación de las condiciones de remuneración. Los repartidores pedían que la ruptura de su contrato se calificara como violación del derecho al despido, así como violación de las indemnizaciones por incumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de accidentes de trabajo y a la protección de la vida privada. La posibilidad de que cada repartidor aceptara o rechazara la prestación del servicio por medio de la aplicación ha resultado decisiva para confirmar la calificación de estos trabajadores como autónomos vinculados por "contratos de colaboración coordinada y continua" (para-subordinación). Según el juez, a pesar de que los trabajadores que aceptaron la entrega estaban sujetos a un límite de tiempo y posiblemente a control remoto, esto se correspondería no con una modalidad de ejercicio del poder de gestión y control típica de la subordinación de tipo salarial, sino a una modalidad de "coordinación" compatible con el trabajo autónomo. De la misma manera, estar "mal clasificado" no equivaldría a una sanción disciplinaria.

Recalificación de un autónomo como “empleado”: El pasado 13 de junio el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó una sentencia sobre un fontanero, Gary Smith (foto) que trabajó para una empresa de fontanería en Londres como trabajador autónomo durante casi seis años (véase el comunicado de prensa). Despedido por la empresa después de sufrir un infarto, el trabajador se vio obligado a acudir a los tribunales para que le reconocieran como empleado a fin de obtener una serie de prestaciones. El tribunal laboral y el tribunal de apelaciones consideraron que el trabajador no podía considerarse como un trabajador por cuenta ajena (employee) pero tampoco debía considerarse como un trabajador por cuenta propia, sino como un ‘worker’, un estatuto híbrido previsto por la legislación británica que otorga una serie de derechos sociales a estos "trabajadores". El Tribunal Supremo confirmó esta reclasificación como "trabajador" tras el análisis de las respectivas obligaciones contractuales de ambas partes. La reclasificación le dio derecho a reclamar una indemnización por las vacaciones no remuneradas, el reembolso de determinadas deducciones de su salario y a emprender acciones legales por haber sido discriminado a causa de su discapacidad. A pesar de esta decisión del Tribunal Supremo, la cuestión de la situación de estos trabajadores sigue dependiendo de un análisis caso por caso, tal como señala Joanne Moseley, del bufete de abogados Irwinmitchell. Si la dirección de la empresa lo ve como una decisión no acorde con la realidad del siglo XXI y amenaza con interponer recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Frances O'Grady, secretaria general de la confederación sindical TUC, cree que ha llegado el momento de poner fin a esta gig-economía de Far-West.
> véase también el artículo de la BBC y del Guardian.

Asahi Breweries Europe Group: La dirección de Asahi Breweries Europe Group (ABEG), filial europea de la cervecera japonesa Asahi, ha firmado un acuerdo para la creación de un comité de empresa europeo con un grupo especial de negociación asesorado por la federación sindical europea Effat que engloba los establecimientos adquiridos en 2017 al grupo ABinbev (véase el comunicado de la Effat). ABEG tiene su domicilio social en Praga y cuenta con unos 10.000 trabajadores en la UE, sobre todo en Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Eslovaquia. Asahi tiene además otra filial en Europa, PGM Business, que engloba las instalaciones adquiridas en 2017 a SABMiller, empresa para la que se está negociando la creación de un comité de empresa europeo. El acuerdo prevé específicamente tres cuestiones. En primer lugar, la presencia de un representante de la Effat en todas las reuniones. En segundo lugar, la posibilidad de recurrir a un peritaje por año y hasta un límite de 10.000 euros (incluidos los gastos de viaje), pero que podrá aumentarse en caso de circunstancias extraordinarias. Y en tercer y último lugar, un procedimiento de consulta muy claro cuya duración se fijará de forma conjunta por la dirección y el comité dependiendo de las necesidades de cada momento y en función de la envergadura del proyecto presentado al comité.

• Adecco Group: El líder mundial en servicios de recursos humanos (15.200 empleados en la UE + Suiza) acaba de renovar su acuerdo de comité de empresa europeo. Cabe destacar la consideración del Brexit en dos niveles distintos ya que el acuerdo se ha suscrito en virtud de la ley de trasposición del Reino Unido aunque la legislación europea de la CE ya no era de aplicación en dicho país. Por este motivo, la dirección del grupo suizo designará a otra dirección dentro de la UE para acoger el comité de empresa europeo. El acuerdo además incluye dentro de su ámbito de aplicación de forma explícita a Suiza y al Reino Unido. El acuerdo prevé un representante por país más miembros adicionales para los cinco países con mayor actividad (Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y España) y hasta un máximo de 30 miembros como límite. El acuerdo también contiene una cláusula de solución de diferencias con la posibilidad de nombrar a un mediador antes de cualquier acción legal.


• Imerys: La dirección del grupo Imerys (18.300 empleados), líder mundial en especialidades minerales para la industria, ha renovado el acuerdo de comité de empresa europeo que suscribiera en el año 2001. El acuerdo prevé de forma específica la creación de grupos de trabajo especializados y un procedimiento de información cuando un proyecto solamente afecte a un país. En este caso, la dirección informará por correo electrónico o por teléfono al secretario del comité de empresa europeo y al miembro titular del comité que represente al país afectado por la operación. Por otra parte, cuando la operación afecte a más de 300 trabajadores, la dirección deberá convocar al grupo central a una reunión extraordinaria para informar sobre la situación.
  
  > ver también los acuerdos de comités de empresa publicados recientemente en Internet por el Instituto Sindical Europeo para Wolters Kluwer (renovación de 2016) y para Seiko Epson (septiembre de 2017)

• Lukoil: La dirección del grupo ruso de petróleo y gas Lukoil (100.000 empleados) y la federación sindical internacional IndustriAll Global Union ratificaron el pasado 4 de junio la renovación de su acuerdo marco global. Este acuerdo se firmó por primera vez en 2004 y su última renovación data de 2012 (véase el comunicado de IndustriAll).


• EDF: El acuerdo marco sobre la responsabilidad social del grupo EDF sobre el que hablábamos en las Notes 99 ya se puede consultar en Internet en idioma francés. Las versiones en italiano y neerlandés están disponibles previa petición al correo electrónico frederic.t@irshare.eu.

DXC Technology: El pasado 11 de junio tuvo lugar una protesta de los empleados de Bélgica de la empresa americana de servicios informáticos DXC ante la sede regional del grupo DXC en La Défense, cerca de París. Estuvo presente también la secretaria del comité de empresa europeo. Según el sindicato belga SETCa FGTB, la dirección de DXC en Malines anunció un plan para sustituir sistemáticamente a la mayoría de los trabajadores mayores de 45 años por jóvenes diplomados. DXC Technology emplea a 137.000 trabajadores y es el resultado de la fusión en el año 2017 de CSC y de la división Enterprise Services Business de Hewlett-Packard.

• Ryanair: La compañía aérea de bajo coste Ryanair anunció el 11 de junio que reconoce formalmente al sindicato Unite como representante de su tripulación de cabina en el Reino Unido (véase el comunicado de prensa de Ryanair y de UNITE).

Situación actual sobre el respeto de los derechos sociales: La Confederación Sindical Internacional (CSI) publica por quinto año su informe anual sobre el respeto de los derechos en el mundo (ITUC Global Rights 2018). El informe apunta que en Europa se da "un declive en el respeto del diálogo social tripartito" y cita el ejemplo de Francia. El informe señala también a Croacia, España y Polonia, aunque por otras razones. Según la CSI, los trabajadores "sufren todavía los efectos negativos duraderos de las medidas de austeridad que han desmantelado prácticamente los marcos de negociación colectiva existentes”, "particularmente en países afectados por las políticas de la troika, como Portugal, España y Grecia”. El índice de la CSI evalúa un total de 142 países en una escala del 1 al 5 según el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. Las violaciones se registran cada año de abril a marzo. Las categorías son: violaciones esporádicas (categoría 1), violaciones repetidas (2), violaciones regulares (3), violaciones sistemáticas (4) y sin garantía de derechos (5) debido a la derogación de la legislación (5+).