A pesar de los resultados particularmente elevados en los principales Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Polonia) y en Austria, los partidos de extrema derecha no logran imponerse en el Parlamento Europeo, lo que permite a la actual alianza entre los conservadores del PPE, los socialdemócratas y los liberales centristas de Renovación prever una nueva coalición con mayoría absoluta. Una mayoría que podría volver a nombrar a la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entonces, ¿cambia algo? Para el movimiento sindical europeo, con la alta puntuación de los partidos de extrema derecha, a los que combate constantemente explicando que votan sistemáticamente en contra de los intereses de los trabajadores, no puede haber «business as usual» ni discusión sobre la formación de una alianza entre los conservadores, los liberales y la extrema derecha. Estos resultados «demuestran claramente que seguir como hasta ahora no es una opción», declaró Esther Lynch, Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos. Europa necesita abordar urgentemente la inseguridad económica y social que está en la raíz de la ira y el miedo crecientes en nuestra sociedad» (véase el comunicado). La federación sindical europea IndustriAll Europe solicita a los demócratas que «trabajen juntos para dar a Europa lo que necesita para afrontar los retos de nuestro tiempo: inversión, cohesión y solidaridad» (véase el comunicado). Reclama una transición justa, al igual que la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), que reclama una mayor inversión en transporte y servicios públicos (véase el comunicado). Por parte de los empresarios, ninguna de las tres organizaciones patronales europeas ha emitido ningún comunicado de prensa. Esta impresión de estabilidad no debe ocultar el hecho de que los recientes avances de la Europa social serán difíciles de reproducir: 1/ el Parlamento, por naturaleza bastante progresista, saldrá más conservador, con la extrema derecha aumentando su poder de influencia; 2/ el Consejo, a la vista de los resultados nacionales, también es probable que vea reforzarse las coaliciones gubernamentales formadas por partidos de extrema derecha, o incluso dirigidas por la extrema derecha, lo que lo hará aún menos progresista. Aún podemos contar con la personalidad de algunos eurodiputados que saben cambiar las cosas, como Dennis Radtke (PPE). Pero ya no podrá contar con el apoyo de su colega socialdemócrata Agnes Jongerius (S&D), que no se presentó a la reelección. Jacques Delors, el emblemático Presidente de la Comisión y padre de la Europa social, afirmó: «Para que la Unión Europea funcione, necesitamos la competencia que estimula, la solidaridad que une y la cooperación que fortalece. » Estamos a punto de perder los dos últimos motores.

Lucha contra la trata de seres humanos : el Consejo adoptó el pasado 27 de mayo, con carácter definitivo, la directiva por la que se modifica la directiva 2011/36 sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Algunos aspectos afectan a las personas jurídicas, es decir, a las empresas: 1/ Se ha ampliado el régimen de sanciones contra las empresas condenadas por trata de seres humanos, pudiendo los Estados miembros excluirlas de los procedimientos de licitación o de adjudicación de concesiones. 2/ Los Estados miembros deben garantizar que las víctimas no sean procesadas ni castigadas por delitos penales que se hayan visto obligadas a cometer, como el trabajo no declarado, como consecuencia directa de haber sido víctimas de la trata. El objetivo es animarlas a denunciar el delito o a buscar ayuda y asistencia. 3/ La directiva tipifica como delito la utilización de un servicio prestado por una víctima de la trata de seres humanos cuando la empresa tiene conocimiento de que la persona que presta el servicio es una víctima de la trata. Se trata de una obligación adicional para las empresas, además de su deber de vigilancia. El texto deberá transponerse en un plazo de dos años (véase el comunicado de prensa del Consejo).

• Transporte por carretera: publicación en el BOUE de la directiva delegada 2024/846 del 14 de marzo de 2024 por la que se modifica la directiva 2006/22 por la que se establecen las condiciones mínimas para la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera. Este texto revisa la lista de infracciones de la normativa relativa a la legislación social aplicable a este sector e incluye las infracciones que implican riesgos de lesiones graves o mortales, o de distorsión de la competencia en el mercado del transporte por carretera.

Posición del Consejo sobre la Directiva CE : el Consejo ha adoptado el 5 de junio el cuarto texto de compromiso sobre la propuesta de directiva relativa a la revisión de la Directiva CE (véase IR Notes 222). Este texto, que se convierte en la posición negociadora del Consejo, se presentará al Consejo de Empleo y Asuntos Sociales para su adopción el 20 de junio. Las negociaciones a tres bandas comenzarán una vez que se haya constituido el nuevo Parlamento Europeo. En primer lugar, el Parlamento deberá adoptar su mandato de negociación, basado en el informe Radtke (véase IR Notes 228). En concreto, el compromiso introduce los siguientes cambios: 1/ Transnacionalidad: las «medidas previstas por la dirección» que puedan «afectar razonablemente a los trabajadores» del grupo, «o a sus establecimientos en un Estado miembro», y las consecuencias de estas medidas que puedan afectar razonablemente a sus trabajadores en otro Estado miembro, podrán calificarse de transnacionales. El considerando 5 precisa que el concepto de cuestiones transnacionales «abarca las medidas que puedan afectar sustancialmente a los trabajadores, es decir, de una manera que no les afecte de manera insignificante y que no se refieran únicamente a trabajadores individuales o a decisiones operativas ordinarias». Además, «el carácter razonable debe determinarse objetivamente, teniendo en cuenta la naturaleza y el objetivo de las medidas previstas y las circunstancias del caso». 2/ Expertos: el texto estipula que los recursos financieros y materiales que se asignen al CE europeo deben incluir cualquier recurso a expertos, «incluidos expertos jurídicos».  3/ Recurso: los CE europeos o las comisiones negociadoras deben tener «acceso efectivo a los procedimientos judiciales o, en su caso, administrativos». «Los costes razonables de representación legal y de participación en dichos procedimientos correrán a cargo de la dirección central», a menos que los Estados miembros adopten «otras medidas para evitar cualquier restricción de facto de dicho acceso por razones de falta de recursos financieros». 4/ Acuerdos existentes: el compromiso suprime todas las excepciones previstas en las directivas anteriores que permitían a los acuerdos apartarse del contenido real de las directivas. De este modo, prevé que cuando se haya celebrado un acuerdo de CE europeo bajo los auspicios de las directivas anteriores, y éste no se ajuste a las modificaciones introducidas por la nueva directiva en el artículo 6 (que especifica el contenido de los acuerdos de CE europeo), la dirección deberá abrir negociaciones, bien por iniciativa propia, bien a petición de al menos 100 trabajadores (o sus representantes) de al menos dos centros de trabajo de dos Estados miembros diferentes. Si no se llega a un acuerdo en el plazo de dos años, se aplicarán las disposiciones subsidiarias. El compromiso especifica que esta disposición no debe impedir el cumplimiento de los requisitos mínimos de la nueva directiva. 5/ Disposiciones subsidiarias: se amplían las competencias de los CE europeos para incluir las cuestiones relativas a la transición ecológica y digital. Al menos debe celebrarse una reunión al año cara a cara.

Posiciones de los interlocutores sociales : la batalla por influir en los representantes de los Estados miembros en el Consejo en el marco de la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos se intensificó con la publicación, el pasado 31 de mayo, una nueva declaración conjunta de las organizaciones patronales europeas (CEEMET, HOTREC, EuroCommerce, EBF, ECEG y BusinessEurope), en la que reiteraban su oposición a una serie de medidas, en particular la supresión de las excepciones concedidas por las directivas anteriores (véase más arriba). Esta iniciativa llevó a la Confederación Europea de Sindicatos y a seis federaciones sindicales europeas a enviar una carta, el pasado 3 de junio, a los representantes de los Estados miembros. «Nos sorprende la fuerte oposición de la patronal a cualquier avance en esta cuestión. Esto da la impresión de que, a pesar de las declaraciones en sentido contrario, la patronal trata deliberadamente de socavar el derecho a la información y la consulta de su mano de obra europea», subrayan los sindicatos, que solicitan al Consejo que adopte rápidamente la directiva una vez que se constituya el próximo Parlamento Europeo.

Guerra de trincheras en torno a la Directiva sobre los CE europeos: : el Comité Económico y Social Europeo (CESE) fue incapaz de hablar al adoptarse por una estrecha mayoría su dictamen sobre la propuesta de revisión de la Directiva sobre los CE europeos (véase IR Notes 222). El comité está formado por tres grupos: trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y empresarios (véase European Economic and Social Committee). Estos últimos no apoyaron el dictamen, que acogía favorablemente la iniciativa de la Comisión, consideraba útiles la mayoría de las medidas y se hacía eco de las reivindicaciones del movimiento sindical europeo. Por el contrario, el Grupo de Empresarios presentó una enmienda que reformulaba el dictamen en su totalidad. Respaldada por más del 25 % de los miembros, gracias al apoyo de varios representantes de la sociedad civil, esta opinión divergente se adjunta por tanto al dictamen. Por tanto, el dictamen del CESE no tendrá la misma fuerza que si se hubiera aprobado con un amplio consenso, pero puede servir de apoyo a los grupos políticos progresistas del Parlamento. Básicamente, el dictamen recoge una reivindicación sindical, excluida de la propuesta de la Comisión, de incluir en el ámbito de aplicación de la directiva a las «empresas que vendan bienes o presten servicios en virtud de un acuerdo de franquicia o licencia». El dictamen abre nuevos caminos al sugerir «la formación de un comité de expertos para apoyar la aplicación de la legislación». Además, propone ampliar el ámbito de competencias del CE europeo para incluir «la inversión, la formación, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección de datos y el cambio climático». Además, los CE europeos deberían «tener derecho a proponer los temas que deseen abordar». En cuanto a la confidencialidad, el CESE, al igual que el movimiento sindical europeo, solicita que «los miembros de un CE europeo puedan compartir información con los sindicatos o los representantes de los trabajadores a nivel nacional o local».

¿Comen más los pilotos que los auxiliares de vuelo? : El pasado 6 de junio, el Fiscal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió sus conclusiones en un asunto relativo a la discriminación entre el personal técnico de vuelo (PTN) y el personal técnico comercial (PTC) que trabajan para la misma compañía aérea española, Air Nostrum. Para compensar los gastos de comida en que incurren cuando viajan por motivos de trabajo, los tripulantes de cabina reciben una dieta diaria de entre 65 y 100 euros, dependiendo de si realizan viajes nacionales o internacionales, mientras que los auxiliares de vuelo perciben entre 37,06 y 59,06 euros por el mismo tipo de trayectos. Estas indemnizaciones se fijan en dos convenios de empresa diferentes, celebrados por la patronal con los sindicatos que representan a cada una de las dos categorías. Dado que el 93 % de la plantilla de tripulantes de cabina está compuesta por hombres y el 93 % de la plantilla de personal técnico comercial por mujeres, el tribunal español preguntó al Tribunal de Justicia si se había producido una discriminación indirecta (véase Indirect discrimination). ¿Puede la existencia de dos convenios colectivos distintos constituir una justificación objetiva de la diferencia de trato en cuestión? Para el Fiscal General, la respuesta es negativa. El Tribunal de Justicia se pronunciará a finales de este año (TJUE, concl. 6 de junio de 2024, asunto C-314/23).

LGBTI : el pasado 6 de junio, el Ministerio de Trabajo anunció un acuerdo nacional con sindicatos y organizaciones empresariales para hacer más igualitario el entorno laboral de las personas LGTBI, complementando así la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (véase IR Notes 199 y artículo de El País).

Inteligencia artificial : el 2 de junio, el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre la inteligencia artificial (IA) que incorpora a la legislación nacional el contenido del reglamento europeo aprobado el 13 de marzo (véase IR Notes 226). El artículo 10, dedicado a las relaciones laborales, establece que la IA debe utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo y proteger la salud de los trabajadores, así como para mejorar la calidad del rendimiento laboral y la productividad individual, de conformidad con la legislación de la UE. Aparte de estos objetivos, las medidas son, cuando menos, escuetas y deben precisarse. Se afirma que el uso de la IA en el lugar de trabajo debe ser seguro, fiable y transparente, y que no debe menoscabar la dignidad humana ni violar la confidencialidad de los datos personales. Los trabajadores deben ser informados de su uso en el momento de su contratación.

Supresión de los CE europeos : el pasado 16 de mayo, el Gobierno lanzó una consulta pública sobre la supresión de la legislación relativa a los CE europeos, que se mantuvo tras el Brexit para que los CE europeos de las empresas con sede en el Reino Unido pudieran seguir funcionando, garantizando al mismo tiempo que no se pudieran crear nuevos comités (véase Brexit and labour standards). Como el Gobierno «nunca tuvo la intención de que los CE europeos en el Reino Unido siguieran funcionando indefinidamente», propone suprimir el marco jurídico de los CE europeos. Esto permitiría eliminar el doble requisito actual de que las empresas británicas mantengan un CE europeo en virtud de la legislación nacional y, al mismo tiempo, tengan que crear un CE europeo en virtud de la legislación de un Estado miembro de la UE para cumplir con la legislación europea. Según el Gobierno, la supresión de los 67 CE europeos británicos supondría un ahorro para las empresas de entre 4,4 y 7,2 millones de libras. Asimismo, la eliminación de los CE europeos «reducir los impactos medioambientales actuales». En cuanto a los trabajadores, según el documento de consulta, no se verían perjudicados: un cierto número de CE europeos son ineficaces y su papel puede ser asumido por los sindicatos u otras formas de representación de los trabajadores.

Reorganización: : el grupo Unilever anunció la venta de su negocio de helados (7.500 empleados), sin informar ni consultar a su CE europeo. Este último firmó un acuerdo de cooperación con las tres federaciones sindicales italianas FAI-CISL, FLAI-CGIL y UILA-UIL, con el fin de influir en los debates.

Negociación : el grupo editorial sueco Karnov (1.200 asalariados) convocó los días 3 y 4 de junio en París un grupo especial de negociación con vistas a negociar un acuerdo sobre el CE europeo. Con la adquisición de parte de las actividades españolas y francesas del grupo holandés Wolters Kluwer, que cuenta a su vez con un CE europeo, Karnov se ha convertido en un grupo de dimensiones europeas. El acuerdo se negoció conforme a la legislación sueca.

Accionariado de los empleados : el pasado 29 de mayo, el grupo alimentario Bel anunció que había adoptado el estatuto de «empresa con una misión», previsto por la legislación francesa, y que había lanzado un plan de accionariado de los empleados a escala mundial. El plan de participación accionarial de los empleados comenzó en Francia en abril de 2014, y se extenderá a todos los demás países antes de 2026 para caminar hacia un modelo de creación de valor que beneficia a todas las partes interesadas (véase el comunicado).