El 18 de octubre, el Tribunal de Justicia de la UE dictó una esperada sentencia en un caso relativo al cumplimiento de la legislación alemana de cogestión cuando el grupo alemán SAP se transformó en una Sociedad Europea (SE) (TJUE, 18 de octubre de 2022, asunto C-677/20, IG Metall, ver.di c/ SAP SE y, para los hechos, véase IR Notes 185) (véase European company). La cuestión que se plantea al Tribunal es si la votación específica prevista en la legislación alemana para la elección de los representantes sindicales en el consejo de vigilancia debe mantenerse cuando la empresa alemana se transforma en una SE, por aplicación del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 2001/86 (el principio de "antes y después"), o si puede dejarse de lado por motivos de autonomía de los partidos, en el marco de la negociación del acuerdo sobre la participación de los trabajadores en la SE a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva. El Tribunal de Justicia considera que esta votación «constituye un elemento característico del sistema nacional de participación de los representantes de los trabajadores» y que la legislación alemana «le atribuye (...) un carácter obligatorio». Por lo tanto, este elemento de procedimiento debe considerarse como parte de «todos los elementos de participación de los trabajadores», en el sentido del apartado 4 del artículo 4, que deben mantenerse tras la transformación en una SE. El principio de autonomía de las partes no puede por tanto justificar la exclusión de este procedimiento en el acuerdo sobre la participación de los trabajadores en la SE. Un decisión lógica en la medida en que, como subraya el Tribunal, el espíritu de la Directiva y la intención del legislador es «evitar el riesgo de que la constitución de una SE, en particular mediante la transformación, pueda conducir a un debilitamiento o incluso a la desaparición de los derechos de implicación de los que gozan los trabajadores de la empresa que se va a transformar en SE en virtud de la legislación y/o la práctica nacionales.» Las federaciones sindicales IG Metall y ver.di acogieron con satisfacción la sentencia, subrayando que «una SE no debe ser utilizada indebidamente para privar a los empleados de sus derechos de participación». Solicitan al gobierno que revise la legislación sobre la SEBG, tal y como está previsto en el acuerdo de coalición, para «evitar que se eluda la codeterminación» (véase el comunicado y la entrevista de Kerstin Jerchel, responsable del sector de la cogestión en ver.di).

Salario mínimo : la directiva 2022/2041 del 19 de octubre de 2022 relativa a los salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (v. IR Notes 192 e IR Notes 188) publicado en el BOUE (L 275 del 25.10.2022). Esta nueva directiva establece un marco para 1/ garantizar «la adecuación de los salarios mínimos legales con vistas a lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas»; 2/ promover «la negociación colectiva con vistas a la determinación de los salarios»; 3/ mejorar «el acceso efectivo de los trabajadores a los derechos de protección que ofrecen los salarios mínimos cuando la legislación nacional y/o los convenios colectivos prevean tales derechos».

Directiva «trabajadores de las plataformas» : ocho Estados miembros han enviado un correo, el 14 de octubre a la Presidencia checa de la UE, con el comisario europeo Nicolas Schmit como copia, para garantizar que la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas no se desvirtúe durante los debates en el Consejo (véase Platform work). La presidencia checa, que se ha fijado como objetivo alcanzar un acuerdo sobre el texto antes de finales de año, propone en su texto de compromiso una relajación de la presunción de empleo. Los ocho países (Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Eslovenia) reclaman «una presunción legal efectiva y fuerte, pero rebatible, de la relación laboral» que refleje «el control y la dirección reales que ejercen las plataformas digitales de trabajo». Advierten que establecer «restricciones o excepciones a esta presunción legal sólo perpetuaría el desequilibrio que existe hoy en día entre las plataformas» y los trabajadores «que ha llevado a la existencia de miles de falsos autónomos en Europa y a la precarización de las condiciones laborales mediante el abuso de los contratos atípicos». La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, que encabezó la carta, recordó que la propuesta se basa en la legislación española aprobada en mayo de 2021, y que su Gobierno no puede «permitir que se debiliten los derechos de los trabajadores en este nuevo marco laboral abierto por las plataformas» (véase IR Notes 164) Unos días más tarde, el 25 de octubre, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo escuchó al ex cabildero de Uber convertido en denunciante, Mark MacGann, sobre el ex lobbista de Uber en las instituciones europeas (véase el comunicado). Además, la ONG Observatorio de las Multinacionales ha publicado un informe, encargado por la Izquierda en el Parlamento, que informa sobre las prácticas de presión de Uber y sus redes en estas instituciones y sus reuniones con los responsables europeos (véase el comunicado EN). Los grupos de presión que ahora tienen como objetivo el debilitamiento de la propuesta de directiva.

• Cumbre Social Tripartita : en la Cumbre Social Tripartita del pasado 19 de octubre, los interlocutores sociales europeos dieron la voz de alarma (véase Tripartite Social Summit). La Confederación Europea de Sindicatos subrayó la necesidad de preservar el poder adquisitivo y mantener los puestos de trabajo en las industrias intensivas en energía mediante un nuevo instrumento similar al SURE (que permite financiar el desempleo parcial). BusinessEurope advirtió de los riesgos de deslocalización de estas industrias con el riesgo de cierre de centros (véase el comunicado). Presente en la reunión, ya que España asumirá la presidencia de la UE en julio, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó la «falta de aplicación de soluciones comunes entre los interlocutores sociales europeos», lamentando que hace «más de 12 años que no alcanzamos un gran acuerdo sobre el diálogo social en Europa».

• La CES se amplía a Ucrania y Moldavia : la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha dado la bienvenida a las confederaciones sindicales ucranianas FPU y KVPU y a la moldava CNSM. La CES, que también apoya la adhesión de Georgia a la UE, «espera acoger al sindicato georgiano GTUC en un futuro próximo» (véase el comunicado).

Prestación ciudadana : el Ministro Federal de Trabajo, Hubertus Heil, presentó el pasado 13 de octubre al Parlamento el proyecto de subsidio ciudadano (Bürgergeld) (véase el discurso). Se trata de una importante revisión del sistema de ayudas y prestaciones para los desempleados de larga duración, que pretende integrarlos en el mercado laboral a largo plazo gracias a la formación. Esta reforma, «una de las mayores reformas sociales de los últimos 20 años», según Hubertus Heil, suprimirá el régimen de prestaciones por desempleo de larga duración Hartz IV, que ha sumido a muchos alemanes en la inseguridad. La reforma debería entrar en vigor el 1 de enero de 2023 (véase el comunicado y la Nota de la Fundación Jean Jaurès).

> Por otro lado: el gobierno ha abierto el régimen de desempleo parcial a los trabajadores temporales (véase el comunicado) confirmó el aumento del salario mínimo a 12 euros por hora a 1 de octubre (véase el comunicado).

• Plan de igualdad : en unas jornadas sobre igualdad de género, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, señaló que sólo el 24,22 % de un total de 24.666 empresas (de 50 o más trabajadores) había diseñado, elaborado y registrado un plan de igualdad a 30 de septiembre de 2022, a pesar de que estos planes son obligatorios desde el 7 de marzo de 2022 (véase comunicado de la UGT).

• Guarderías gratuitas : al presentar el proyecto de presupuesto para 2023 en el Parlamento, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Ana Mendes Godinho, destacó que el Gobierno había logrado establecer guarderías gratuitas «en un tiempo récord». «En septiembre de 2022, 37.000 niños ya estaban cubiertos. En 2023, llegaremos a 70.000 niños y a 100.000 en 2024», dijo, subrayando que «se trata de una medida transformadora» que responde a una lógica de lucha contra la pobreza y de promoción de la igualdad de oportunidades.

Protección de los futuros padres : el gobierno anunció el pasado 21 de octubre que defenderá la propuesta de ley presentado por un diputado, para proteger mejor a los futuros padres (véase comunicado y estudio preparatorio). En la actualidad, una mujer en permiso de maternidad cuyo empleo se extingue tiene derecho a que se le ofrezca (antes de que finalice su contrato) un empleo alternativo con su empleador en cualquier vacante adecuada que le ofrezca un trabajo acorde con sus necesidades y unas condiciones que no sean significativamente peores que las de su anterior empleo. El objetivo de la legislación propuesta es autorizar al Gobierno a dictar reglamentos para ampliar esta protección a las mujeres embarazadas, una vez que hayan informado al empresario de su embarazo, y a los nuevos padres que se reincorporen al trabajo tras un permiso de maternidad, adopción o paternidad. La propuesta ofrece, por tanto, protección durante 18 meses después del nacimiento del niño.

• Permiso para cuidadores: el gobierno anunció el 21 de octubre su apoyo a una propuesta de ley presentada por un diputado, destinada a conceder el derecho a una semana de permiso no retribuido a los trabajadores que cuiden a un familiar. En la actualidad, estos cuidadores informales no tienen derecho a un permiso legal, lo que les obliga a utilizar otras formas de permiso para atender a sus dependientes. No se exigirá antigüedad para utilizarlo (véase el comunicado).

La inflación y la cuestión salarial (continuación) : en nuestro último número (véase IR Notes 194), dedicamos un artículo al papel de la CE europea en este periodo de inflación. Hemos recibido nuevas reacciones. Algunos han respondido que aún no han podido abordar la cuestión a pesar de las peticiones de varios de sus miembros (SAP) y otros tienen la intención de hacerlo pronto (Vaillant). En Solvay, donde el CE Europeo había debatido el tema de la compensación por inflación en su sesión plenaria de junio, la dirección anunció una bonificación calculada para cada país en función de la diferencia entre la inflación «oficial» y los aumentos salariales fijados durante las últimas negociaciones salariales. Sin embargo, la posición mayoritaria de la dirección es remitir la cuestión salarial al ámbito local. Para el comité de empresa europeo de Amex GTB, que planteó la cuestión de la inflación y el aumento del precio de la energía en su reunión anual, la dirección general europea «confía en que la dirección local adopte las medidas necesarias». La dirección del grupo destaca la competencia de la gestión local Legrand. Tanto para la dirección J.P.Morgan como para la de Thales, el tema no es competencia del comité. Sin embargo, sin ir más allá de las competencias del CE europeo, los debates en las instancias europeas fueron a veces seguidos de acciones. Así, durante una reunión del comité de empresa europeo de Thales, los miembros denunciaron la actitud de la dirección de varios países que se negaron a abrir negociaciones, en particular en España. «Este intercambio llevó a la dirección central a pedir a la dirección del país en cuestión que abriera las negociaciones», subraya Anthony Perrocheau, secretario de la instancia. Algunos CE europeos abordan el problema de forma diferente. Por ejemplo, el CE europeo BNP Paribas aborda el tema desde la perspectiva de la calidad del diálogo social. Pretende debatir con la dirección central el desequilibrio entre los países en los que el diálogo social está bien institucionalizado, con capacidad para negociar compensaciones, y otros en los que sólo existe un proceso anual de revisión de los salarios individuales. Esto corre el riesgo de conducir a una política salarial de dos velocidades ante el mismo problema», subraya Alexandre Huchet, secretario del CE Europeo. La ausencia de respuesta de la dirección puede dar lugar a nuevas reivindicaciones. En Legrand, donde el CE Europeo formuló varias preguntas sobre la compensación financiera y pidió a la dirección que repercutiera en los dividendos el aumento del precio de la energía, la dirección «dio una respuesta vaga mientras afirmaba la necesidad de proteger a los accionistas», afirma Cristina Filippelli, secretaria del comité. Por ello, éste ha encargado a su experto que realice un análisis de los salarios en los distintos países representados en el CE Europeo, así como un análisis del tiempo de trabajo. La idea es ver «si una de las posibilidades para borrar la crisis puede ser la reducción del tiempo de trabajo».

Un comité de bajo coste : La dirección de Westwing Group (2.300 empleados), un minorista online alemán de muebles y objetos de decoración, firmó en febrero de 2022 un acuerdo sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad europea (SE) cuando se convirtió en una SE. El grupo inició las negociaciones a mediados de 2021, cuando contaba con unos 1.900 empleados, para evitar la introducción de la gestión conjunta. El motivo es que la legislación alemana exige una composición paritaria del consejo de supervisión cuando el número de empleados supera los 2.000 en Alemania. Por este motivo, al igual que otras empresas alemanas de nueva creación (Zalando, Delivery Hero, HelloFresh), el grupo optó por el estatuto de sociedad europea para evitar esta limitación. La junta directiva de la sociedad europea está compuesta por ocho miembros (tres de Alemania y tres de Polonia, uno de España y uno de los países más pequeños, actualmente Italia y los Países Bajos). El acuerdo no incluye a Suiza y al Reino Unido. En su única sesión plenaria anual únicamente se tratan los asuntos que afectan a más del 15% de los trabajadores europeos. Se recurre al comité selecto en circunstancias excepcionales si se ve afectado al menos el 30% de la plantilla europea (es decir, al menos 700 empleados) y se le informa si el 90% de los empleados de un país se ven afectados por un proyecto. Las reuniones por teléfono o videoconferencia son lo habitual y las reuniones presenciales constituyen la excepción. El comité selecto puede proponer formaciones, pero la dirección se reserva el derecho de impugnar su utilidad ante los tribunales. Lo mismo ocurre con el uso de un experto.